Presentan observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de empresa minera en el proyecto Toromocho. ¿Se desatará un nuevo conflicto socioambiental?
Desde el 2014 —probablemente antes— lo que sucedía en Morococha ya se mostraba como alarmante: la minera Chinalco estaba haciendo algo mal.
Chinalco ejecuta el proyecto Toromocho, en Morococha, provincia de Yauli, en Junín, a 4,500 m.s.n.m. Allí se descubrió una reserva de 1526 millones de toneladas de mineral; entre cobre, molibdeno, plata y miles de kilos de plomo. La zona fue declarada en emergencia en 2013 por 60 días: lluvias, derrumbes y las constantes explosiones la pusieron en grave peligro.
Por esos días, los ciudadanos manifestaron disconformidades con el marco convenio; cuando los pobladores de Morococha accedieron a la reubicación, la maniobra de Chinalco fue destechar y desmantelar todas las casas. Todo fue a parar a Carhuacoto.
Carhuacoto, el nuevo distrito adaptado por Chinalco para que los pobladores de Morococha se trasladen, fue publicitado como lo mejor que les podía pasar a los ciudadanos de Morococha. Carhuacoto había sido una laguna con una gran extensión. Chinalco hizo un trabajo de ingeniería para que fuese una zona aparentemente habitable y seca. Las casas fueron construidas con material noble en un suelo que siempre está húmedo —y sin lluvia— por la filtración de aguas subterráneas de la exlaguna.
Observaciones actuales
A fines de julio de este año, el Frente Amplio de Defensa de los Intereses de Morococha y la Asociación de Propietarios Desplazados por el proyecto Toromocho de Morococha, en Junín, presentaron observaciones ante SENACE: imprecisiones en la Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) del proyecto Toromocho.
Actualmente permanecen un grupo de pobladores que no han sido reubicados, y precisamente no aparecen en el MEIA, o sea, no existen. Esto sería una grave transgresión a los estándares humanitarios; estas personas vienen enfrentando constantes embates de afectación social, económica, cultural, de contaminación y sin gozar de ninguna forma de mitigación.
Los compromisos no han sido ratificados en el MEIA: campamento minero dentro de la nueva Morococha para darle una dinámica comercial, adquisición de bienes y servicios con preferencia en la zona de impacto directo, y la contratación de personal que sea de Morococha.
Además, se señala que hubo una omisión en la participación de los pueblos indígenas para la evaluación del MEIA, evidenciando que no habría un pleno acceso a la información entre los ciudadanos.
Respecto al agua, el proyecto busca ampliar su extracción y se pretende obtenerla de los pozos subterráneos, lo cual ocasionará considerables —irreversibles— impactos ambientales.
El tan promocionado diálogo se da desde la población, pero sin una respuesta de los otros agentes, empresa y Estado. Si continúa así, tarde o temprano se sumaría un conflicto socioambiental más a los que ya existen en el país.
(Fuente: Red Muqui)
