Solo falta un día para que venza la detención preliminar del dirigente deportivo Edwin Oviedo y la Fiscalía pida para él 36 meses de prisión preventiva por su participación en la banda Los cuellos blancos del puerto, y lanza una denuncia, a todas luces, desesperada.

Según Oviedo, la Fiscalía lo está obligando a ser colaborador eficaz para que involucre a políticos y jueces en sus declaraciones oficiales por los delitos que se le imputan. “El sábado 8 de diciembre, en la diligencia de deslacrado aproximadamente 11:30 a.m., se apareció la fiscal Sandra Castro y me pidió conversar a solas y me hizo la propuesta de ser colaborador a cambio de involucrar a los personajes indicados. Me dijo que piense en mi familia, en mis hijos y así no iría a prisión”, sostiene la carta. 

Al parecer, Oviedo no sabe que las y los fiscales tienen la potestad de hacerle esas propuestas a los investigados, para que se allanen a las investigaciones en su contra y puedan servir para descubrir más delitos y más personajes involucrados en ellos. Es más, Oviedo debería estar feliz de que le hayan propuesto ser colaborador eficaz porque eso mejora sus posibilidades de negociar su condena. 

Los fiscales a cargo del caso se pronunciaron y señalaron que la investigación hecha por ellos es intachable y que nadie los detendrá. 

El preocupado

El primero presto a rebotar esta “denuncia” es el expresidente Alan García, quien no dudó en poner en duda el trabajo de la Fiscalía que lo tiene entre ceja y ceja para llevarlo a la cárcel por sus vínculos con las coimas de Odebrecht a través de conferencias en donde no aportaba nada relevante a la intelectualidad o la política, sino eran excusas para lavar el dinero de la corrupción. 

Hace poco García tuvo que desdecirse de sus palabras sobre tener un informante en a Fiscalía, pues esto le habría abierto otra investigación por por lo que señaló el fiscal Rafael Vega luego de enterarse de semejantes declaraciones: “Si él está obteniendo información con un equipo de inteligencia, como él dice, está infringiendo los deberes de confidencialidad que tiene todo el personal administrativo y fiscal, lo que podría terminar siendo un acto de corrupción”.