Con un sobrecosto de 4 millones 300 mil soles, Ministerio de Salud adquirió mascarillas descartables N-95, justamente cuando la PCM suspendió acceso a la información pública.

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), dependiente del Ministerio de Salud (Minsa), compró las mascarillas N-95 a la empresa proveedora PMI Médica, pagando por unidad 19,60 soles.

Cenares dejó pasar la oferta de la empresa china Sinohydro Corporation que ofertó la misma mascarilla a 16,18 soles.

La encargada de advertir esta ‘irregularidad’ fue la Contraloría General de la República, quien inició una acción de orientación de oficio en Cenares.

Todo empezó tras recibir una denuncia de un ciudadano que proporcionó copia de una orden de compra de Cenares por 1 millón 257 mil 900 mascarillas descartables tipo N-95 para uso del personal a la compañía PMI Médica, por un valor total de 24 millones 654 mil 640 soles.

Al otro lado estaba Sinohydro Corporation. Huang Huayi, representante de la compañía asiática, informó que, a pesar de que los precios de sus productores tienen un precio muy competitivo, no fueron convocados al concurso.

“Nosotros siendo una empresa del Estado chino, vista la situación de COVID-19 en el Perú, por iniciativa propia, presentamos una carta propuesta al Ministerio de Salud de mascarillas y ropas protectoras para el conocimiento y consideración de la Entidad, pero no tuvimos ninguna respuesta”, señaló Huayi.

(Fuente: La República)

Sin acceso a la información

Este hecho ocurre justamente cuando la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) subrayó que los trámites de solicitudes de acceso a la información se encuentran suspendidos hasta el fin el aislamiento social obligatorio.

Si bien en este estado de emergencia por el Covid-19 no se ha suspendido el derecho constitucional a la información pública, el desarrollo de las solicitudes de acceso a la información sí se encuentra suspendido. Según la PCM, esto sucede porque primero es la salud y la seguridad de los funcionarios a cargo de atender estos pedidos.

“Por ahora, la prioridad está en atender la emergencia sanitaria y respetar el aislamiento social. Sin embargo, se buscará atender las solicitudes lo más pronto que sea posible. No obstante, están todos los plazos administrativos suspendidos”, informó la PCM.

Siendo constitucional el derecho a la información, Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, advirtió que esta suspensión de trámites para acceder a la información debería abrir la posibilidad de ver otras opciones para que se garantice este derecho.

“Se deben sacar lecciones de la situación sui generis que vivimos como es la declaratoria de emergencia ante una pandemia. Esto se puedo resolver si el Estado funcionara de forma digital, si los archivos del Estado estuviesen en redes seguras se podría responder a las solicitudes de información desde los domicilios de los funcionarios”, indicó Rotta.

Recordemos que en el estado de emergencia sanitaria por el el COVID-19 que atravesamos, el Estado peruano ha destinado miles de millones de soles de gasto público en todos sus niveles de gobierno para enfrentar la pandemia.

Con el Decreto de Urgencia 026-2020, del 15 de marzo, ha quedado suspendido el cómputo de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos por 30 días hábiles, aquí se incluyen los pedidos de acceso a la información. En otras palabras, todo trámite se realizará hasta después del 15 de abril.

Sin acceso a la información pública de estos gastos se debilita la transparencia y la rendición de cuentas.

(Fuente: Convoca)

(Imagen de cabecera: El Comercio)