Un nuevo fantasma recorre la redacción de los principales medios de comunicación en el Perú. Es el fantasma de la Ley de Medios, señalada como una necesidad por dirigentes de Perú Libre y allegados a la candidatura del profesor Castillo, luego de la cantidad de medias verdades y fake news que se han esgrimido contra los resultados electorales, repetido por Mario Vargas Llosa en su columna en un diario español, que ellos mismos se encargan de corregirle la plana, porque una cosa es una opinión debatible y otra, la negación o tergiversación de hechos incontrastables.

Los directivos de los medios, a través de sus títeres mediáticos, vienen reaccionando con escandalosas advertencias de supuesta persecución y censura contra ellos, al sentirse en falta por todo lo que hicieron (y deshicieron) en estos meses de campaña electoral y posterior a ella. Por supuesto, no hubo ni hay en todo este tiempo el menor atisbo de reconocimiento del manejo tan sesgado y manipulatorio de la información, y de autocrítica en su gestión, que le cuesta el puesto, por renuncia o despido, a los pocos periodistas decentes en los principales medios, en especial los del grupo de la concentración mediática de El Comercio.

Lo más cuestionable fue el manejo de la televisión y la radio, porque al ser medios que manejan señales del espectro radioeléctrico, que son de naturaleza pública, no privada, tienen obligaciones mínimas de servicio a la comunidad, que abarca no solo lo informativo (que no se limitó al plano electoral, como vimos en la campaña antivacunas de Willax), sino también en los ámbitos de promoción de la cultura nacional y valores, que están muy lejos de reconocer.      

Esta demanda sobre los medios no es nueva, ya estaba en el plan de gobierno de Gana Perú, cuando llegó a la presidencia Ollanta Humala, pero como otros compromisos del gobierno nacionalista y su hoja de ruta, se quedó en las palabras.  Por cierto, lo que se proponía era “una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo y plural de los medios entre distintas formas de propiedad (privada, pública y social)”. Es decir, no se trataba de expropiar a los canales existentes, como se hizo en los años 70, sino aprovechar el crecimiento del espectro que brinda la nueva tecnología digital para permitir que nuevos actores sociales puedan acceder a este medio, y no se quede en las manos de los mismos de siempre. Como se dijo en Brasil a raíz del debate por la TDT: “Más canales para Brasil y no para la O’Globo” (en referencia al poderoso grupo mediático).

La Televisión Digital Terrestre (TDT) supone la optimización en la utilización del espectro radioeléctrico, que es un bien público. Es decir, en la antigua banda analógica donde hoy solo cabe una señal de TV de señal abierta (no cable), mañana podrán caber hasta seis señales (o canales si lo prefiere) con contenidos totalmente diferenciados. Esto supone cambiar el régimen actual de concesiones para efectos de re-distribuir el espectro que actualmente está concentrado en muy pocos operadores.

Haciendo un poco de historia, el 23 de abril de 2009, el Gobierno peruano anunció que el formato japonés-brasileño ISDB-Tb, también conocido como SBTVD, será el que adopte el país para las transmisiones de Televisión Digital Terrestre, por ser el sistema recomendado por la comisión multisectorial, que incluía a la SNRTV (Sociedad Nacional de Radio y Televisión) y la ANRTV (Asociación Nacional de Radio y Televisión). La sociedad civil, los especialistas y las facultades y escuelas de comunicación fueron prácticamente excluidos de este debate y decisión, arreglado como tantas otras cosas, entre cuatro paredes y escasa transparencia.

La Ley 28278 de Radio y Televisión, aprobada el 2004 por el gobierno de Toledo, resultó totalmente recortada e insuficiente frente a los desafíos tecnológicos, políticos y sociales que confronta el medio. Más pudieron los lobbies de los empresarios televisivos, y su campaña de miedo a los políticos del Legislativo y Ejecutivo. Como señaló en su carta de renuncia el entonces Ministro de Justicia, Baldo Kresalja: “Para el correcto funcionamiento de un control democrático de los medios, debe existir un conjunto normativo que señale límites claros a la actividad de órganos imparciales, dotados de conocimiento técnico y obligados a verificar lo acontecido”. Lamentablemente, el organismo creado por Ley, CONCORTV, que debía agrupar a la sociedad civil y el Estado, tiene facultades limitadas y solo consultivas, a diferencia de lo que sucede en Chile, Colombia (Consejo Nacional de Televisión) y Estados Unidos (Federal Comunications Commission).

En la práctica, el otorgamiento de las licencias y aplicación de la ley sigue como mero trámite administrativo bajo el control del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no tiene que consultar ni justificar sus resoluciones oficiales, lo que se presta para la burocratización, manejo corrupto, influencia política y censura. Si quiere hablarse de censuras, recuérdese que en el segundo gobierno aprista se retiraron la licencias y boicotearon su derecho a expresarse a Radio La Voz de Bagua, Cutivalú en Piura, Caplina en Tacna, y estaciones en Áncash, Huánuco y Pisco por oponerse al gobierno y los grupos de poder.

El debate sobre la TDT y las posibilidades de democratización del espacio radioeléctrico originó controversias en casi toda América Latina, por la resistencia de quienes manejan la televisión actual. En Argentina, por ejemplo, la regulación de la ley en materia de comunicaciones reserva el uso de determinadas frecuencias, independientemente de las privadas, a organizaciones de derecho público (universidades, instituciones religiosas) y a organizaciones sin fines de lucro (cooperativas, ONG), con lo que se busca asegurar la equidad en el acceso a los distintos actores de la sociedad.

En Chile, se han establecido dentro de la ley de radiodifusión, las concesiones de servicios intermedios para canales regionales, locales y comunitarios, con posibilidad de proyección nacional, como una forma de descentralización e integración cultural del país.

Otro aspecto que debe contemplarse en una nueva ley de radiodifusión es convertir al canal del Estado (TV Perú) en una señal de interés público, y no al servicio del gobierno de turno. Tomando como base el esquema de la BBC inglesa, podría ser dirigido por un equipo plural con representación de las universidades, sociedad civil, organizaciones sociales y partidos políticos, asegurando un acceso igualitario a la programación. Recuérdese que, con la TDT, el Estado también puede acceder a más canales, lo que le permitiría al Ejecutivo tener el suyo (al igual que ahora cuenta el Congreso y el Poder Judicial) y las otras frecuencias dedicarse a la educación, cultura y la vasta producción audiovisual nacional.

Una verdadera descentralización podría empezar, en el campo comunicativo, porque las estaciones de televisión y radio de las regiones lleguen a Lima, y el resto del país, y no como ahora, que solo la señal de Lima es la dominante en todo el territorio. Eso sería posible con una democratización de las señales que la televisión digital permite a empresas locales y grupos comunitarios, cuyo impacto en las comunidades de migrantes internos sería fundamental. Lo que falta es decisión política de aplicarlo. 

Si se quiere llevar adelante la revolución educativa en el país, no se puede soslayar el rol de los medios de comunicación, y entre ellos, a la televisión y la radio, tanto pública como privada. Ellos deben servir a la educación, cultura y formación de la identidad nacional de niños, jóvenes y adultos, sin dejar de lado el entretenimiento y la información que le son inherentes. Eso vale también para la democracia, por ello es prioritario abrir este medio a otras voces y propuestas, que han sido dejadas de lado por el poder económico y político que dominan estos medios. Ello no significa afectar la libertad de empresa o de expresión de quienes actualmente dominan estos medios, pero sí permitir que otros también accedan a expresarse.

Como señalaba uno de los gurúes del liberalismo, el filósofo austriaco Karl Popper: “No deberíamos tener ningún poder político incontrolado en una democracia. Ahora bien, ha sucedido que la televisión se ha convertido en un poder político colosal, potencialmente, se podría decir, en el más importante de todos como si fuese Dios mismo el que hablara. Y así será si seguimos permitiendo el abuso. Se ha vuelto un poder demasiado grande para la democracia. Ninguna democracia puede sobrevivir si no se pone fin al abuso de este poder”.