Así lo señaló la congresista del Nuevo Perú, Indira Huilca, en un pronunciamiento sobre el accionar poco eficiente de la Universidad Nacional Federico Villarreal que ha demorado más de nueve meses para investigar el caso de un profesor con múltiples denuncias de agresión, maltrato y violencia psicológica contra sus alumnas.

El pronunciamiento manifiesta lo siguiente:

“Las denuncias contra un docente violento han tardado más de nueve meses en procesarse. He comunicado mi preocupación por esta demora al rector de la Universidad Federico Villarreal, Juan Oswaldo Alfaro Bernedo, y a SUNEDU, entidad que podría iniciar un procedimiento administrativo sancionador contra la UNFV.

En mayo de 2018 alumnas y alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Villarreal denunciaron ante sus autoridades al profesor Jorge Ramos de la Flor por reiteradas agresiones físicas y psicológicas contra el alumnado. En un caso, el docente habría sacado a una alumna de su aula a viva fuerza, tomándola del brazo y jalandola. En otra ocasión, hostilizó a una alumna diciéndole que él podía ayudarla con su estado de salud “porque estudió veterinaria”.

En las denuncias, sustentadas en documentación y testimonios, se enfatizó que el docente ha tenido durante años un reiterado comportamiento agresivo e irrespetuoso frente al alumnado, especialmente contra las alumnas.

El Consejo de Facultad de Ciencias Sociales desestimó por mayoría abrir proceso administrativo disciplinario contra Ramos de la Flor, medida que había sido recomendada por unanimidad por la Comisión Disciplinaria de la Universidad. Sin embargo, hasta diciembre de 2018 no se había emitido ninguna resolución que formalice esta decisión. Mientras tanto, Ramos de la Flor y otros docentes continuaron hostilizando al alumnado denunciante.

En enero último, el alumnado solicitó que las denuncias contra el profesor Ramos de la Flor sean analizadas por el Consejo Universitario y demandaron que sea destituido. Entre tanto, la Oficina Central de Asesoría Jurídica podría recomendar que el caso vuelva al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales y que allí se revise nuevamente la recomendación de la Comisión Disciplinaria de abrir proceso al docente denunciado. Es decir, nueve meses después de denunciados los hechos, el proceso vuelve al punto de inicio. Este es un inaceptable mensaje de impunidad.

Los hechos de violencia contra alumnos y alumnas son una falta grave, y la poca celeridad en la atención de denuncias vulneran los derechos del estudiantado y transgreden toda norma de convivencia en la comunidad universitaria. Las autoridades universitarias tienen una gran responsabilidad frente a las denuncias y frente al objetivo de garantizar que los centros de estudios sean espacios libres de discriminación y violencia. Quienes denuncian deben ser escuchados y atendidos con diligencia. #SeAcabóElSilencio.

A continuación, comparto la documentación enviada a las autoridades de la UNFV: Oficio rector UNFV”.