Luego de que el caso de José Felizardo, quien tenía 8 denuncias de violencia sexual contra niñas, incluida su propia hija, y era continuamente liberado por las autoridades de Chontalí (Cajamarca), saliera a la luz, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nuevamente muestra su preocupación, esta vez por los criterios adoptados por las y los magistrados de los Juzgados de Investigación Preparatoria al momento de emitir los autos de cese de prisión preventiva y de remisión condicional de pena en casos de violación y feminicidios.
En un comunicado publicado el día de hoy, el MIMP señala que “la sensación de impunidad en la población genera un retroceso en todos los esfuerzos que desde el Gobierno se vienen realizando en la prevención de la violencia contra las mujeres” y crea “nuevos riesgos para las víctimas y sus familiares, así como para la sociedad en general”.
El ente rector que garantiza la protección de derechos de las mujeres hizo un llamado a los operadores de justicia a “reforzar el trabajo de verificación y valoración de las condiciones procesales y la existencia de verdaderos riesgos de los procesados y sentenciados antes de la liberación de los mismos”.
También manifestaron su alerta ante el intento de liberación de Leoncio Daza Tejada, feminicida de María Alvarado Cruz, que cumple actualmente prisión preventiva de nueve meses en el Penal de Moyobamba, y quien, amparándose en el Decreto Legislativo N° 1513, busca ser liberado, a pesar de que en ese establecimiento penitenciario no se ha registrado ningún caso de coronavirus.
