Jenny y Darling, una pareja de ciudadanas peruanas, ingresaron la petición a la CIDH en marzo 2022 por las violaciones a sus derechos humanos y los de su hijo Daki. La CIDH ha notificado al Estado peruano y le ha otorgado tres meses para responder.

Ambas, por medio de la campaña “Tengo dos mamás”, hicieron llegar su petición luego que RENIEC se negó a registrar a una de las madres en el DNI de su hijo pese a que, en primera instancia, el Poder Judicial le ordenó hacerlo.

Jenny Trujillo y Darling Delfín acudieron a la CIDH con una petición y solicitud de medida cautelar para garantizar una vida sin discriminación, el interés superior del niño, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad personal, entre otros derechos humanos, tal como lo explica Carlos J. Zelada, abogado consultor de DEMUS para el caso.

Regularmente, la petición que realizaron ante la CIDH se presenta cuando los procesos judiciales nacionales se encuentran agotados, sin embargo, en este caso que la demanda de amparo contra RENIEC sigue vigente y en curso, a pesar de haber transcurrido más de 6 años, se ha configurado el llamado ‘retardo injustificado’, previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo un amparo que tarda tanto en resolver sobre los derechos fundamentales de un niño no es un recurso efectivo, declaró Cynthia Silva directora de Demus.

En un contexto, en el que el Tribunal Constitucional del Perú, instancia que tiene el caso sin resolver por más de un año, ha mostrado ser abiertamente antiderechos y ha favorecido al criminal Alberto Fujimori, las copeticionarias Demus, LIFS, Más Igualdad Perú y Raza e Igualdad, han logrado se notifique al Estado peruano de la petición para que se agilice el trámite de admisibilidad y la resolución del fondo de manera prioritaria y diligente informó María Ysabel Cedano coordinadora del equipo de litigio estratégico.

Gissy Cedamanos, coordinadora de LIFS, nos recuerda que el 2024, Daki cumplirá 10 años sin un DNI que lo identifique plenamente. Asimismo, informa que Daki ha ejercido su derecho del niño a ser escuchado. El se ha dirigido al Tribunal Constitucional y la CIDH para recibir protección.

El Estado peruano tiene 3 meses para responder y una prórroga máxima de 4 meses. El Estado deberá responder en abril o máximo agosto 2024, declaró Zuleika Rivera abogada de Raza e Igualdad.

En esta próxima etapa, le pediremos a la CiDH unir el proceso de admisibilidad y fondo considerando el interés superior del niño y el derecho de Daki de acceder a la justicia, concluyó Gabriela Zavaleta responsable de incidencia de Más Igualdad Perú.