El gobierno de Martín Vizcarra, lamentablemente, no se diferencia mucho de los gobiernos anteriores que se han tenido en temas LGTBI, es decir, no ha hecho nada o ha hecho muy poco para combatir la enorme violencia que viven las personas por su orientación sexual o su identidad de género en el Perú.

Legalmente nada ha cambiado a pesar de tener dos proyectos de ley que empujan cambios culturales importantes en el país y que podrían ponernos en la senda de países progresistas que protegen a todas sus poblaciones en situación de vulnerabilidad, pero que se encuentran congelados en el Congreso: el matrimonio igualitario y la identidad de género.

Luego de que Ollanta Humala sacara a la población LGTBI del Plan Nacional de Derechos Humanos, siendo el presidente que más apoyo recibió de esta comunidad, con pronunciamientos incluidos, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski los vuelve a incluir, pero ninguna de las medidas, indicadores o metas que plantea esta política se ha cumplido. La violencia homolesbobitransfóbica sigue campeando en la sociedad peruana, ahora más aún con grupos antiderechos fortalecidos por los traspiés continuos de las y los funcionarios públicos, que no saben cómo enfrentarlos.

El Congreso, de mayoría fujimorista, se convirtió en uno de los mayores fustigadores contra sus vidas y sus derechos al intentar derogar el Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba legislar contra los crímenes de odio, aquellos asesinatos a personas LGTBI por ser como son, y que según cifras de la sociedad civil, porque hasta ahora al Estado no le interesa generar data al respecto de la violencia que viven, son asesinados aproximadamente 20 cada año.

Encabezados por el congresista fujimorista Micky Torres, cuando era presidente de la Comisión de Constitución, y antes de que su líder fuera presa por lavado de activos, votaron a favor de eliminar esta ley en la parte que protegía a la población LGTBI, pues señalaban que no estaba incluida dentro del paquete de reformas a las que se les había dado carta blanca al gobierno de Kuczynski. Decían defender la institucionalidad del Estado, pero lo que estaba haciendo era cumplir sus promesas electorales con los grupos evangélicos que apoyaron la candidatura de Keiko Fujimori y condenar a la discriminación, el sufrimiento y la muerte a ciudadanos y ciudadanas peruanas.

Hay excepciones, como en cualquier gobierno, pero las excepciones no hacen la regla. Funcionarios que buscan ir más allá del papel que representan en la silla que les han designado siempre existen.

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en tiempos de La Rosa, se acercó a las organizaciones LGTBI para plantear su inclusión en las políticas que estaban generando, reuniones que quedaron truncas con el cambio ministerial.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tiene dos mesas inactivas, de lesbianas y de gays, bisexuales y trans, que hasta el momento no han generado muchas innovaciones en las políticas contra la violencia hacia las poblaciones que tiene bajo su rectoría. Los Centros Emergencia Mujer son desconocidos para la población LGTBI y no se convierten en espacios de acogida de denuncias. Lo que es peor aún, hace poco promovieron un evento encabezado por dos homofóbicas recalcitrantes, Gisela Valcárcel y Yuri, sin mencionar a los pastores evangélicos que fueron parte de la campaña “Yo soy más”, dirigida a las mujeres.

El Ministerio de Justicia ha elaborado informes sobre la situación de las personas trans retratando su mayor vulnerabilidad por la falta de acceso a un documento de identidad que las reconozca, lo que afecta considerablemente su calidad de vida, sus derechos a los servicios del Estado, su salud física y mental, y su economía y futuro. Pero un informe no cambia el destino de las personas, menos cuando no se convierte en un mecanismo de cambios reales.

El Reniec sigue negando la posibilidad de que las personas trans tengan derecho a su identidad, que los hijos de lesbianas y gays sean reconocidos por sus dos madres o padres, que las parejas de lesbianas y gays tengan un reconocimiento legal que proteja y garantice sus vidas, aprovechando la falta de legislación.

El Ministerio de Cultura cree que su única tarea es conservar la historia y enfrentar el racismo, sobre la homofobia y transfobia nada, más allá de posteos en fechas claves, a pesar de que el cambio cultural es fundamental para la realización integral de la ciudadanía.

El Ministerio del Interior impidió la realización de una actividad pacífica llamada “Besos contra la Homofobia” en la Plaza San Martín, cerrando las vías que daban acceso a la entrada a la plaza y generando que haya una disputa entre los activistas LGTBI que había ido para el evento y los comerciantes que no podían ofrecer sus productos. Es la policía quienes más violencia ejercen contra esta población en cualquier actividad que organizan.

Así está el Perú hasta el momento, con excepción de la aprobación de la Ordenanza Municipal de Lima Metropolitana contra toda forma de discriminación, demanda que las organizaciones LGTBI venían exigiendo desde hace ocho años, primero durante la administración de Susana Villarán, siguiendo con la de Castañeda, y cumplida con Jorge Muñoz.

Hoy, 17 de mayo, 29 años después de la despatologización de la homosexualidad, la población LGTBI sigue esperando que el Perú sea un país en donde se respeten sus derechos.