Nuevamente el Gobierno abandona a la comunidad LGTBI. La Comisión Multisectorial de Alto Nivel del Ministerio de Justicia había elaborado un cronograma de actividades con el fin de reparar simbólicamente a una serie de comunidades y poblaciones que se vieron afectadas por el conflicto armado interno. 

En su lista de actividades estaban incluidos actos de reconocimientos a las madres de Anfasep, a la Conamuacai (mujeres que denunciaron violencia sexual), a la Conavip (organizaciones afectadas por la violencia política), e increíblemente, también había un taller y acto de reconocimiento en San Martín para visibilizar y pedir disculpas por las violaciones a los derechos humanos que sufrió la población LGTBI, a partir del caso Las Gardenias como se observa en la imagen posterior.

Al parecer, estas actividades fueron “olvidadas” luego del cambio de Gobierno, con la caída de PPK, lo que demuestra la poca institucionalidad de los organismos del Estado, que suelen “rehacer” sus planes según los vaivenes de la política o los funcionarios que entran y salen, mientras eso no sucede, seguiremos viendo casos como estos, compromisos que no se cumplen, reconocimientos que no se realizan, reparaciones simbólicas que quedan en el olvido, a pesar de que existe una política de reparaciones simbólicas. 

¿Qué pasó en Las Gardenias?

La Comisión de la Verdad y Reconciliación relata en su Informe cómo fueron los hechos ocurridos el 31 de mayo de 1989, cuando un contingente armado del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru ingresó a una discoteca llamada Las Gardenias, en Tarapoto (San Martín) y asesinó a 8 personas gais y trans.

Ofensiva antiderechos

Desde el año pasado estamos viviendo una campaña de parte de las iglesias católica y evangélica en alianza con congresistas antiderechos como los fujimoristas, quienes han decidido sacar todo rastro del enfoque de género, herramienta que sirve para enfrentar al desigualdad y la violencia contra las mujeres. Así, luego de la campaña contra el currículo nacional de educación, con la que lograron sacar un término básico para entender la sociedad, el “género”, gracias a una acción popular en el Poder Judicial; también consiguieron que se derogara el Decreto Legislativo 1323 que incluía sanciones a los crímenes de odio hacia personas por su orientación sexual e identidad de género considerando que en el Perú matan a aproximadamente 15 personas al año por estas condiciones que se convierten, en países homofóbicos y transfóbicos sin marcos legales de protección y garantía, en variables de discriminación y violencia.  

En ese sentido, el MRTA y los antiderechos (iglesia y fujimorismo) tienen muchas cosas en común, los dos son parte de un sistema que mata personas, personas LGTBI.