2020 se llamó, en los documentos oficiales, “año de la universalización de la salud”, pero fue uno de universalización de la enfermedad y en el que se evidenció que la salud en Perú no tiene las garantías propias de un derecho humano.

El texto del artículo 7 de la Constitución, que reza “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa”, no se cumplió para los pacientes Covid, que tuvieron que hacer colectas para comprar balones de oxígeno o acceder a camas privadas (a 50 mil soles el día de internamiento), tras el colapso de la capacidad de atención en los sistemas públicos.

Se evidenció que Perú incumple la obligación internacional del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que indica:

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para…: d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad”.

Esas condiciones requieren un nuevo marco constitucional, las políticas publicas que lo desarrollen y la modernización de la gestión pública que las haga posibles.

2020 fue uno de crisis política extrema, con tres personas ejerciendo la Presidencia de la República en un mes, noviembre, y hasta con cinco ministros del Interior en ese mismo mes. Se cae de madura la urgencia de un nuevo marco constitucional que nos dé algo de estabilidad política, condición básica para que las familias y las personas puedan planificar sus respectivos futuros. Este nuevo orden constitucional también debe garantizar el derecho de toda persona a elegir según sus convicciones y a ser elegida, más allá de exigencias burocráticas del Jurado Nacional de Elecciones para postular, en contraste con su laxitud respecto de la inequidad en la difusión de propuestas electorales.

2020 fue también el año de crisis agrarias expresadas con mucha intensidad y hasta lamentables episodios de violencia, en regiones de la Costa Norte, el Sur Medio y Huánuco, que obligan a ir más allá de medidas legislativas y ejecutivas puntuales para sortear la emergencia. Urge discutir una segunda reforma agraria, siguiendo el planteamiento de la candidata Verónika Mendoza.

2020 fue el año en que se expresó, digital y callejeramente, la “Generación del Bicentenario”, que ofrendó las vidas de Jorge Muñoz Jiménez (20 años) luchando por derechos laborales en el trabajo agrario, Inti Sotelo Camargo (24) y Bryan Pintado Sánchez (22), luchando por contener la usurpación constitucional perpetrada por 105 congresistas de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Unión por el Perú y Perú Podemos, principalmente, completada por integrantes de la llamada “Coordinadora Republicana”. Ante ellos se alzaron millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el Perú y de todas las edades y condiciones sociales, que nos mostraron el anhelo de justicia de nuestro pueblo, que actualiza el espíritu que hace 200 años ya se manifestaba en las declaraciones de independencia en ciudades como Ica, Huamanga, Huancayo, Jauja, Huaura, Tarma, Cerro de Pasco, Huánuco, Lambayeque y Trujillo.

2020 fue el año en que todos y todas tuvimos que adaptarnos a una vida con más dificultades laborales, más acción a distancia y más cercanía familiar.

Esta capacidad de adaptación y aquel anhelo de justicia nos dan razones de esperanza en que  las elecciones de abril del 2021 nos acercarán a un gobierno dispuesto a concretar derechos que corresponden a nuestra dignidad. ¡Participemos en ese sentido!