Por Gerardo Andrés Pasache Medina*
Durante los últimos 25 años, los diferentes gobiernos de turno han continuado la política de flexibilidad laboral dictada por el exministro Carlos Boloña (de corriente neoliberal) a través de la Constitución de 1993, impuesta por el expresidente Alberto Fujimori. Desde el punto de vista laboral, gracias a esta Constitución se ha logrado reducir los derechos ganados por los trabajadores en décadas anteriores. También el Congreso de la República, durante todos estos años, ha colaborado en quitarle derecho a los trabajadores legislando en beneficio del gran capital.
Durante todo este tiempo, el crecimiento económico ha ido aumentando de a pocos, en el gobierno de Alejandro Toledo la economía creció 4.8% como promedio anual, durante el segundo periodo del expresidente Alan García la economía creció, como promedio anual, 6.9%, y en el gobierno de Ollanta Humala, mantuvo un crecimiento de 4.2%.
Sobre casos concretos, la Asociación de Exportadores (ADEX) indicó que durante el año 2017 las agroexportaciones presentaron valores US$5900 millones, y estimaron que para fines del 2018 alcanzaron unos US$7000 millones, pero no contentos con estos resultados y facilidades que se les dio en materia laboral, los señores de la CONFIEP y de ADEX siempre quieren tener más, sin preocuparse del bienestar de los trabajadores.
Juan Varillas, representante de dicha asociación, indicó que “se debe trabajar en políticas sectoriales y con estrategias de largo plazo, por lo que la labor conjunta entre el sector público y privado no debe hacerse esperar más”. Dicho estas palabras, se supo que los diversos sectores empresariales han pedido que se amplíe la Ley 27360. Esta ley es la que ha establecido un régimen laboral especial que les permite a las empresas de dicho sector contratar personal a través de determinadas condiciones y esperan que esta ley se replique en los diferentes sectores productivos, en líneas generales, los que están pidiendo es una mayor flexibilización laboral, o sea, la política del “cholo barato” tiene que ser más agresiva.
Según la OIT, este tipo de ley está considerado como “trabajo precario”, ya que se refiere al “empleo caracterizado por contratos de trabajo atípicos, con limitados o inexistentes beneficios sociales y nulas prestaciones, un elevado nivel de inseguridad laboral, reducido nivel de permanencia en el empleo, bajos salarios y un alto riesgo de lesiones y enfermedades profesionales”.
Seamos claros, las cifras no engañan, el sector agroexportador ha contribuido con el crecimiento económico, pero este ha estado acompañado de un crecimiento empobrecedor, es decir, si bien hay un aumento de las ganancias para las empresas, estas no se observan reflejadas en la calidad de vida de los trabajadores, sus salarios no han mejorado, sus beneficios laborales son inexistentes, los problemas en el sectores como salud y educación continúan; en síntesis, solo hay beneficio para el sector empresarial.
Analicemos el informe del BID-OCDE-CIAT denominado “Impuestos sobre los salarios en América Latina y el Caribe”. El porcentaje de los costos laborales que es pagado por los empleadores en concepto de las contribuciones a la seguridad social según los países es el siguiente: los niveles más altos fueron en Brasil (25.5%) y Colombia (24.7%), los niveles más bajos fueron en Chile (4.4%), Honduras (6.6%), Trinidad y Tobago (6.8%) y Perú (7.4%). Sumado a esto, el analista Pedro Francke (2018) señala que en Perú el costo laboral total anual de un trabajador es en promedio de 6,771 dólares, en Chile 13,949 dólares, en Ecuador 8,893, en Colombia 9,915 y en México 9,438.
Como los datos demuestran, a nivel latinoamericanos la mano de obra en nuestro país es barata, el argumento principal de los que defienden la flexibilización laboral se basa en que a mayor mano de obra barata, el trabajo va a ir aumentando, entonces nos preguntamos: ¿La entrada de venezolanos al país ha aumentado el trabajo? La respuesta es evidente.
Con mejores salarios se podría estimular que los trabajadores comiencen a comprar más, esta acción generaría que haya un incremento en la producción, pero acá lo lógica neoliberal prefiere que los empresarios puedan sobreexplotar para ganar más. El fondo del asunto es que quieren maximizar sus ganancias, porque si les preocupara el país, como siempre declaran, se preocuparían de cumplir los estándares de trabajo decente que señala la OIT, y de paso ayudarían a construir una verdadera sociedad de bienestar.
Un Estado que aspire, al menos, a tener una sociedad de bienestar, buscaría renegociar contratos en pos de mayores ingresos y no andar tras lo poco que consiguieron generaciones pasadas de trabajadores. Hay ejemplos de países que tienen soberanía en los principales medios productivos del país sin caer en la estatización, en Latinoamérica, Bolivia ha demostrado que es posible generar un crecimiento sostenible, sin generar crecimiento empobrecedor.
En síntesis, estos nuevos paquetes laborales que proponen los empresarios y que quizás el gobierno apruebe, demuestran que nuestros políticos y empresarios priorizan el capital por encima del bienestar de todos los peruanos, más crecimiento económico para ellos y crecimiento empobrecedor para los trabajadores.
*Ingeniero Pesquero, pisqueño y progresista)
Foto de portada: José Vilca Chávez
