El escenario político de nuestro país no es precisamente el más esperanzador: un Congreso que está muy lejos de velar por el interés común, un expresidente que negoció su sobrevivencia política por un indulto al exdictador. Una nueva moción de vacancia contra PPK, un escándalo mediático y una renuncia con un mensaje a la nación vergonzoso que llevaron a la asunción al poder a Martín Vizcarra, actual presidente del Perú.

La coyuntura política ha desatado en los ciudadanos infinidad de sentimientos, reacciones, pero sin duda alguna, también reflexiones. Hemos visto, una y otra vez, pactos políticos de las élites de nuestro país.

Vale la pena cuestionar el sentido de nuestra política actual. La política como toma de decisiones debería significar la cristalización de nuestros ideales colectivos. A raíz de lo acontecido en estos meses, vale la pena preguntarnos: ¿para quién se hace política?, ¿para quienes gobiernan nuestros políticos?, ¿nos viene involucrando y representando a todos? Evidentemente la respuesta de la mayoría de peruanos sería un rotundo NO. Y lo cierto es que nuestra política (entiéndase la política representada en el acceso a puestos de elección popular) está hecha para los más: los grupos empresariales, los privilegiados, los poderes fácticos.

Acceder a puestos de representación política es, en su mayoría de veces, difícil para aquellos que forman parte de poblaciones sin acceso a privilegios: mujeres, indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, personas con discapacidad, LGTBI, etc. Lo cierto es que acceder a cargos de representación política es sumamente caro. Tal como indicó Percy Medina, representante de IDEA Internacional en el Perú: “No hay que ser ingenuo y creer que se puede hacer una campaña con US$20 mil o US$30 mil; eso es imposible”.

Ante tal realidad, aparece un escenario con dos probables opciones: (i) candidatos con gran poder empresarial que desean acceder al poder político para gobernar de acuerdo con sus intereses y consolidar su poder económico o (ii) candidatos sin el poder adquisitivo suficiente para solventar una campaña que se hipotecan al mejor financista (financistas que claramente no buscan el beneficio del país, como ya lo hemos visto claramente en el Caso Odebrecht). Es un círculo vicioso, el círculo vicioso de la corrupción. Y es que el sistema político la alimenta.

La pregunta aquí es: ¿realmente elegimos a nuestras autoridades? Y es que no elegimos a nuestras autoridades en el sentido pleno de la palabra, tan solo las preferimos. Los ciudadanos hemos elegido por años a los candidatos “disponibles” en la cartilla. Candidatos que son puestos en la palestra por los partidos políticos, quienes son los actores que disputan los puestos de representación política. Lo cual sería sumamente positivo en el supuesto de que nuestros partidos políticos representen realmente los intereses ciudadanos y postulen a sus candidatos respetando la democracia interna y promoviendo verdaderos liderazgos desde lo político y social.

Lamentablemente, esto no es así. Nuestros partidos políticos y nuestro sistema político en general necesitan reformas urgentes que garanticen un impacto positivo, eficiente y sólido: fortalecimiento de la democracia interna para evitar candidaturas elegidas por la “moña” partidaria o por el poder adquisitivo e implementar medidas para asegurar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas. Si bien los ciudadanos tenemos el deber de ejercer nuestro voto con responsabilidad, son los partidos políticos los que deben asegurarnos opciones transparentes y representativas.

Hemos visto a la política convertida en una mercancía, candidaturas que se compran y se venden, el ciudadano como un consumidor de candidaturas. El sistema económico trasladado a nuestro sistema político. Creemos que la política no debería ser un privilegio. Hoy vale la pena apostar por democratizar la política para los menos: ser voz de lo que no tienen voz. Hay que adecentarla, apostar por ella. Y seguir haciendo política, a pesar de la “política”.