El SERUMS es la pesadilla de las y los profesionales de la salud y resulta hasta antiético estar en contra de prestar este servicio a la comunidad, porque es evidenciado como la negativa a velar por la salud de los más pobres y necesitados. Es así como el Estado recarga sobre las conciencias de jóvenes profesionales sus carencias y su falta de capacidad de generar políticas públicas de salud.

La historia de este programa data del año de 1972 cuando se le denominaba SECIGRA (Servicio Civil de Graduados) y este tenía un carácter global a todos los profesionales, con la finalidad de prestar servicios a la comunidad como un acto de reciprocidad por la educación recibida, con los años cambió de nombre a SERUMS (Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud) para el caso de los profesionales de la salud y dejó de ser obligatorio hasta ser derogado completamente para el resto de profesiones. Es así que desde 1981, según Ley N° 23330, los profesionales de la salud recién egresados deben cumplir con este requisito para poder trabajar en el sector público, acceder a especialidades, becas y demás beneficios que otras profesiones obtienen con el simple hecho de contar con el título profesional.

Como ya se mencionó, el sustento para este requisito es que se debe devolver al Estado los años de formación académica, pero cuando se les ha hecho notar a las autoridades que no todos los profesionales obligados a cumplir con esto provienen de universidades públicas, ellos han respondido que también incluye la formación hospitalaria en establecimientos del Estado, olvidando el gran detalle de que las universidades privadas firman convenios con estos establecimientos por los cuales estos se ven beneficiados con alguna retribución, es así que este argumento carece de base sólida.

Otro argumento, quizás el más potente, es que de no existir esta obligatoriedad los establecimientos de las zonas más alejadas y pobres no podrían contar con los profesionales para su atención y es ahí donde se usa un chantaje emocional, la mística de servicio, la misma que recae individualmente en cada uno de esos jóvenes a los que se les recuerda siempre que se trata de una carrera de servicio, por tanto heroica, ya que en nuestra realidad se ha cobrado muchas vidas, argumento totalmente nefasto, porque la responsabilidad del cuidado y protección de la población es del Estado y no del grupo de jóvenes al que se le pretende cargar con el cumplimiento de los indicadores letales que estas zonas poseen.

Todos tenemos nuestras historias personales, las que nos han formado y de las cuales hemos aprendido, pero lo que en realidad sucede es que somos sobrevivientes de la precariedad, de la violencia, de la muerte casi segura y de todo aquello que el Estado nos obliga a vivir bajo la pesada carga de que nuestra comunidad nos necesita y somos nosotros quienes debemos salvarla, mientras quienes nos gobiernan están sentados en lujosos escritorios dando mensajes a la nación.

¿Quién no ha oído hablar de aquellos que fueron secuestrados para atender a terroristas heridos? ¿Quién no ha caminado solo por carreteras oscuras? ¿Quién no ha trasladado pacientes en camiones, burros o botes y pagado con su propio dinero los gastos de ese transporte? Y todo aquello a cambio de una constancia que nos hace acreedores de la posibilidad de trabajar para el Estado, de poder postular a becas o de seguir especializándonos.

Es así que este acto de reciprocidad, que por cierto solo el sector salud está obligado a cumplir, se convierte en una condena obligatoria sin ninguna otra alternativa, salvo en algunos casos se desee el servicio llamado equivalente, el que tiene similares características, pero se realiza en establecimientos cercanos y por ello es un trabajo sin remuneración y en el caso de los médicos sin puntaje extra para el examen de especialización. Pero claro, algunos siguen opinando que es la mejor estrategia para brindar salud a las personas de las comunidades más alejadas y vulneradas, “personas que atienden personas” es el lema, debiera decir mejor “pobres que salvan pobres o mueren en el intento”, como es el caso de los más de 30 serumistas fallecidos en casi 9 años, pero que para nuestros funcionarios es una mínima cantidad que no debiera preocuparnos.

Este servicio, además de ser discriminatorio y representar una serie de violaciones de derechos constitucionales, no ha presentado ninguna evidencia de ser una estrategia que mejore y proteja el estado de salud de las personas. Todo lo contrario, porque se recarga el peso de una política pública en jóvenes sin experiencia a los que, además, se acostumbra explotar y vulnerar, y para ello cuento con una situación muy concreta, un ejemplo claro de lo que en este momento sufren un gran grupo de médicos jóvenes de nuestro país.

La profesión médica cuenta con una especial característica en cuanto al aspecto formativo: para optar por estudiar la segunda especialización no solo se debe tener ese requisito, sino que este cuenta con un puntaje en la calificación para obtener una vacante; mientras más lejos, mayor puntuación, y dadas las características de la misma, las fechas de su culminación coinciden con los tiempos en los cuales se puede postular a estas vacantes, por lo que es muy común que luego del término del SERUMS la mayoría de profesionales médicos opten por continuar estudiando la especialidad; sin embargo, desde hace algún tiempo, los funcionarios de las diferentes oficinas de los gobiernos regionales han impuesto una serie de barreras burocráticas que impiden que esto sea posible, llegando a impedir su postulación no solo a la convocatoria más cercana, sino que también a la del año siguiente, generando no solo la incomodidad de no poder seguir con sus estudios inmediatamente, sino también la imposibilidad de conseguir un trabajo en el sector público, obligándolos a aceptar las condiciones de explotación laboral del sector privado que generalmente no cumple con normativas de los derechos laborales, tanto en horas de trabajo como en sueldos justos. Y es así como la vida de estos jóvenes se encuentra en las manos de estos ineficientes funcionarios del Estado que incumplen con su trabajo y generan una gran pérdida de recursos para el sector.

Veamos lo que pasa con los serumistas en Ancash:

A pesar que los requisitos para obtener la constancia de SERUMS se encuentran previamente establecidas en la Directiva Administrativa N° 246-MINSA/2017/DIGEP denominada “DIRECTIVA ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE PRECISIONES PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO RURAL URBANO MARGINAL”, las Redes y Microrredes de salud del Gobierno Regional de Ancash vienen solicitando requisitos diversos y establecidos con posterioridad al inicio del servicio, incluso cuando estos ya han sido culminados, indicando que de no cumplirlos se les negará el derecho a obtener su constancia.

Los médicos serumistas de la Microred de Sihuas de la Red de Conchucos Norte informan que deben cumplir con un “plan de mejora” para poder obtener su constancia, requisito que ya ha sido eliminado el año 2017, porque además se trata de una afectación al derecho del trabajador, ya que este consta de hacer una inversión económica en mejorar algún aspecto del establecimiento de salud, inversión que proviene directamente de la remuneración del serumista, bajo el argumento que ellos reciben un sueldo mayor al de los trabajadores del establecimiento.

Realizar Plan de mejora es ilegal

La mayoría de estos jóvenes han tratado de cumplirla, a pesar de que afecta su economía y que este además ha sido solicitado de manera tardía cuando ya estaban en el último periodo de su servicio.

En este periodo del año los profesionales de salud ya debieran tener sus constancias, pero estas no han sido entregadas aún, no solo porque se espera que cumplan con esta retribución económica, ilegalmente impuesta, sino que además se les ha ordenado que deben cumplir con las metas y objetivos de salud de cada microred y red.

Como se puede observar, solicitan constancias emitidas por las redes de salud y no por los puestos de salud o microrredes en su defecto como menciona la directiva. Y nuevamente, el personal intenta nuevamente cumplir con lo que solicita la DIRESA a pesar de no estar en lo legalmente debido.

Obtener los objetivos planteados e indicadores de salud favorables de todo un equipo de trabajo vienen recayendo en los hombros de estos jóvenes que solo han laborado durante 12 meses y ellos deben lograr estándares mínimos de salud en tiempo récord, pues de lo contrario no podrán recibir su documentación pendiente.

Ahora resulta que si no se logra la cobertura de vacunación, no se disminuye la mortalidad materna o no se acaba con la anemia, estos jóvenes deberán ser sancionados e imposibilitados de estudiar o lo que es peor aún, de trabajar para sustentarse, negándoles así un derecho fundamental, de una manera tal vil y miserable que no tienen ni miedo de firmar actas y publicar avisos con sellos oficiales de la institución.

El 7 de mayo de este año, los serumistas  se apersonaron a la ciudad de Huaraz para tramitar la documentación pertinente y poder obtener la constancia, la misma que por ley debe ser entregada en un plazo de 48 horas, pero esto no ha sucedido, debido a la serie de requisitos extras, la burocracia y demoras que han afectado este trámite.

Los colegas han intentado obtener la respuesta efectiva de la coordinadora de SERUMS de la DIRESA Ancash, la Lic. Lupe Muñoz Zúñiga, pero la funcionaria, cuyo escritorio permanece vacío, ha respondido que tiene otras prioridades más urgentes, como el recibimiento de los nuevos profesionales SERUMS, y por ello no tendrá el tiempo suficiente de evaluar el pedido de quienes ya han culminado el servicio, los mismos que además han cumplido con los requisitos irregulares que la norma no contempla y se encuentran a la buena voluntad de que los responsables de sus establecimientos de origen tengan a bien dar la conformidad de la documentación, sin contar con la alta probabilidad de que los informes sean observados y requieran corrección y, además, que este profesional deba regresar a las comunidades en donde prestó servicios para sanear dichas observaciones.

Los colegas no solo deben enfrentar la forma irrespetuosa en la que se dirigen hacia ellos, sino que viven la incertidumbre de no saber si podrán acceder a la posibilidad de rendir el examen de la residencia, cuyas inscripciones cierran este 20 de mayo. Los colegas además mencionan que esta vulneración no es más que una de las tantas de las que han sido víctimas, pues ya durante su trabajo se les ha negado el derecho al uso de sus días libres bajo la excusa del mal tiempo, pero en realidad cubrían los turnos del personal de planta de los establecimientos.

Este es solo un ejemplo, una pequeña historia que seguramente la están viviendo muchos en todo el país y que se repite año tras año, generación tras generación, sin que ninguna autoridad haya prestado interés en esta problemática.

Yo ya viví la mía hace 12 años y con esto evidencio que nada ha cambiado, que todo sigue siendo igual, que te siguen culpando de las muertes maternas y de la anemia, que te siguen pidiendo tu sueldo para cubrir la precariedad, que te siguen ahuyentando del primer nivel que tanto nos necesita, porque hasta los que como yo, amamos la atención primaria, deseamos nunca más volver.