El empleo en el sector público se ha caracterizado -en las últimas décadas- por la fragmentación en las formas de contratación de trabajadores y trabajadoras, implicando que la estabilidad laboral, uno de los principios del empleo público, no se cumpla en la realidad. Y es importante hablar de estabilidad laboral entre los y las servidoras públicas, pues hay una necesidad de continuidad en la implementación de políticas y procesos que van más allá del titular de turno en el sector.

La Autoridad Nacional del Servicio Civil -SERVIR- reporta que el 38% de servidores públicos está contratado bajo carreras especiales (educación, salud, diplomáticos, personal penitenciario, fiscales, jueces y miembros de las FFAA), el 20% bajo el régimen de contratación administrativa de servicios (CAS), 19% bajo el régimen público (DL 276), el 12% son locadores de servicios y el 11% están bajo el régimen privado (DL 728). Y si en el Estado, los y las servidoras en situación de informalidad suelen estar contratados bajo la modalidad de locación servicios, es decir, relaciones laborales encubiertas en contratos de naturaleza civil sin derechos laborales, encontramos que entre 150 mil y 170 mil personas son informales en el sector público.

Esto significa que la tasa de informalidad laboral en el sector público es 11%, aunque inferior a la registrada en el sector privado (55%), es significativa, más aún porque es el Estado quien debe velar por el cumplimiento de derechos laborales reconocidos como derechos fundamentales; siendo que el 82% de los contratos informales se encontraría en el gobierno nacional.

Una de las razones que explicaría la elevada tasa de informalidad laboral en el sector público se debería a las restricciones presupuestarias anuales para contratación de personal y la aún abierta flexibilidad para contratar locadores de servicios, en comparación al resto de tipos de contratación, las que en tiempos de pandemia precarizan aún más a los y las trabajadoras.

Tomando en cuenta que parte del contenido del empleo público, entendido como la capacidad de desarrollarse en la carrera administrativa, tiene como esencial la estabilidad laboral, junto con principios de mérito y capacidad y una estructura para el ascenso -como derecho-; consideramos que no solo la informalidad laboral es el único -o incluso principal- problema, pues los regímenes de contratación como los CAS y los contratos a modalidad dentro del régimen privado encarnan en sí mismos la temporalidad en la contratación, incluso llegando a renovaciones mensuales.

Así, tanto la informalidad laboral como la temporalidad en la contratación constituyen problemas que afectan a los trabajadores y trabajadoras del sector público, limitándoles el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la sindicalización, que tiene una tasa de afiliación del 15.9% en el sector público y sigue viéndose diezmada ante la falta de condiciones para negociar colectivamente mejoras remunerativas y condiciones de trabajo, y violentando, además, parte del contenido esencial del empleo público, sin perjuicio de asolapar situaciones de vejación y clientelismo político.

En el sector público la participación de la mujer es de 48% del total de trabajadores, lo que significa que de cada 10 servidores públicos 5 son mujeres; pero, ¿dónde nos encontramos las mujeres en el sector público?, pues estamos -principalmente- en las carreras especiales (53%), siendo enfermeras en el sector salud o profesoras de inicial y primaria en el sector educación. Casi no estamos en cargos de dirección (3 de cada 10 funcionarios y directivos es mujer) y se mantiene una brecha salarial -aunque ha ido en disminución- de 17%, siendo el ingreso promedio de las mujeres de S/.2085 y el de nuestros pares de S/.2439.

Es importante observar que las desigualdades laborales para las mujeres en el sector público se replican, como en el sector privado, aunque -sin duda- con menor intensidad; un aspecto importante a resaltar es que el 47% de los/as trabajadores contratados bajo CAS son mujeres, es decir, la precarización laboral representando en la inestabilidad laboral a través de contratos que son renovados -incluso- mensualmente y que nunca alcanzan estabilidad laboral.

En tiempos de COVID, subrayamos que el 96% de profesionales de la enfermería son mujeres y que el 70% de personal de salud a nivel mundial lo es también. Hoy, que la salud se coloca -más que nunca- como derecho y servicio esencial, recordamos la necesidad de desprecarizar el sector salud y reconocer a esas mujeres que cuidan, muchas de ellas jefas de hogar (29%); hoy urge reconocer en el diálogo social (Estado y trabajadoras/es del sector público) el medio para alcanzar grandes reformas que pongan a la formalización, el reconocimiento de derechos laborales, la estabilidad laboral, la negociación colectiva y la eliminación de desigualdades de género como prioridad en el empleo público.

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El artículo ha usado los informes “la Mujer en el servicio civil peruano 2020”, “El reto de la formalidad en el sector público peruano”, “Régimen especial administrativo de servicios” y “Negociación Colectiva en el Sector Público 2020”

MIRANDA, Guillermo. Instituciones y Perspectivas del Derecho Laboral Público.