La presente nota intentará abordar algunos hechos actuales, que destacan por los últimos descubrimientos de corrupción, los cuales han manchado mucho más el sistema político y sus principales mecanismo y actores; la revelación del rol del sector privado en dichas acciones, y la idea de democracia que se ido moldeando a partir de dichas situaciones; todo ello bajo la luz de algunas ideas clave de Boaventura de Sousa Santos, que se desprenden del documento “La democracia en disputa. Una entrevista con Boaventura De Sousa Santos” (2016)[1] y a partir de sus texto titulado “Descolonizar el saber, reinventar el poder” (2010)[2].
El primer hito a resaltar es la comunicación en su momento enviada por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), en donde menciona que ellos no financian partidos políticos, sino que promueven la economía de mercado y la inversión privada, ello en respuesta a que “el año 2011, la Confiep recolectó US$ 2 millones para financiar una campaña publicitaria a favor del modelo económico. Al respecto, el expresidente de dicho gremio, Roque Benavides, indicó hace algunos meses que esta campaña tenía como fin defender la empresa privada” (Redacción Gestión, 2019)[3]. Esta comunicación se produce después que se conociera los aportes de diferentes empresas: el presidente de Credicorp aportó US$ 3.65 millones en efectivo, el Grupo Gloria entregó US$ 200,000 también en efectivo, Capeco (bajo la dirección de José Graña) entregó US$ 240,000, y finalmente el vicepresidente de la minera Volcán reveló la entrega de US$ 200,000 para la campaña presidencial de Keiko Fujimori en el 2011 (Redacción Gestión, 2019).
Un segundo hito relacionado al primero es que los mencionados aportantes lo hicieron con la finalidad de “defender la democracia”, además de evitar la instauración de un régimen “chavista”, o mejor dicho la expansión del socialismo en el país, que en ese entonces era representado por la propuesta de Ollanta Humala bajo su lema nacionalista de “La gran transformación”. Es decir, habría la construcción de un fantasma llamado comunismo o socialismo, el cual se materializa en la existencia del régimen de Maduro y la migración de la población venezolana al país.
Teniendo estos dos hitos es que deseo lanzar algunas ideas con la finalidad de generar un debate y discusión acerca de la “securitization”[4] (Waever, 1999) o securitización[5] (Treviño, 2016) de la democracia y la política. Al parecer –y creo no equivocarme– el concepto ha sido más empleado en estudios de migración internacional y seguridad internacional, y el ejemplo más ilustrativo menciona que “la securitización de la migración es una política migratoria impuesta por Estados Unidos a México a partir de los ataques terroristas el 11 de septiembre de 2001. Esta política, argumentan los autores, se funda en la creencia de que la migración internacional indocumentada es una amenaza para la seguridad nacional [de los Estados Unidos]” (Treviño, 2016).
Entonces, la securitización se define “al afirmar que un objeto de referencia particular está amenazado en su existencia, un actor de securitización reclama el derecho a medidas extraordinarias para garantizar la supervivencia del objeto de referencia. Luego, el tema se traslada de la esfera de la política normal al ámbito de la política de emergencia, donde se puede abordar rápidamente y sin las reglas y regulaciones normales (democráticas) para la formulación de políticas[6] (Taureck, 2006).
En ese sentido, el uso del chavismo, la mención de la amenaza del socialismo, el comunismo y todo lo que ello implica (la exacerbación de la crisis, la pobreza, la supuesta aniquilación de la propiedad privada, cuando en realidad lo que se reclama en este país es la reducción de la desigualdad social y un Estado que garantice derechos mínimos a sus ciudadanos: salud, educación y seguridad) se convierte en un asunto de securitización como en el caso de la migración informal. La categorización como problema nacional de la posibilidad de la instalación de un sistema chavista, motivo que además ha sido el más usado últimamente en las dos campañas presidenciales, es lo que ha permitido y profundizado lo que De Souza consideraba que hay que impedir, pero que en el Perú ya estaba ocurriendo desde el 2011 según testimonio de la Confiep, “que la economía de mercado extienda su ámbito hasta transformar la sociedad en una sociedad de mercado (donde todo se compra y todo se vende, incluyendo valores éticos y opciones políticas), como está sucediendo en las democracias del Estado de mercado” (De Souza, 2016).
Ahora –reconociendo que no soy un experto en el tema– pareciera que la securitización pasa necesariamente por ser una decisión/política de Estado, lo que en el Perú además mostraría una dimensión bastante curiosa, ya que por parte de este no ha habido una postura frente a la “amenaza fantasma”, que contrariamente sí ha sido asumida –y de manera muy sensible– por el sector privado. Esto último no sería además descabellado, pues existe en el imaginario de un buen sector de la población que es el gran empresario el que verdaderamente comanda las decisiones del país.
Por tanto, pareciera que en pos de salvar la democracia y al país de las garras rojas, el sector privado ha ayudado en buena parte para la mercantilización de la sociedad y de la política, lo que también ha devenido o provocado la crisis de la democracia liberal. Hecho bastante paradójico, pues en realidad el fantasma del chavismo solo es una primera excusa para instrumentalizar el sistema político, pues en las elecciones del 2011 en segunda vuelta salió ganador el Partido Nacionalista, y ello no significó ninguna Gran Transformación, sino más bien una gran continuación de procesos de asentamiento de una economía liberal, es decir, fue el sector privado quien al final dirigió la hoja de ruta de dicho gobierno, para variar.
Entonces, la pregunta ¿en qué ha devenido la democracia?, tiene bastante fundamento, pues esta se ha convertido en un medio para los fines del estado de mercado neoliberal, en donde no existirían ciudadanos; sino, como menciona De Sousa, existen antes consumidores o emprendedores, a quienes se les traslada escandalosamente la entera responsabilidad de su salida de la pobreza, sin ningún tipo de soporte social. Además, la democracia liberal ya no asegura mecanismos idóneos para la representación, el diálogo y/o negociación de las diferencias, sino lo que tenemos es que en el país los derechos solo se goza cuando somos consumidores de servicios (educación, salud, seguridad) o emprendedores, en donde el sistema nos hace creer que somos responsables únicos de nuestro bienestar y que nuestro desarrollo solo depende de nuestra decisión personal, cuando en realidad lo que existe es un sistema basado en privilegios de raza y clase, fundamentos de un poder centralizado en un sector específico, el privado.
Por tanto, la securitización se convierte en una herramienta de los verdaderos gobernantes del país, dentro de un sistema capitalista neoliberal que permite el uso de mecanismo corruptos (lavado de activos, tráfico de influencias) con la finalidad de instrumentalizar/mercantilizar la política. Esto ha ido posicionándose cada vez, estableciendo además un fascismo social de tipo apartheid social, el cual se manifiesta en “la segregación social de los excluidos a través de una cartografía urbana que diferencia entre zonas ‘salvajes’ y ‘civilizadas’ (De Sousa, 2010, p. 42), las cuales estarían expresadas en la segregación urbana, con las características rejas o murallas que separan las existencias entre ricos y pobres, privilegiados y desafortunados, los que se desean mantener en la invisibilidad y con sus propios sistemas educativos y de salud. Aunque la principal característica de este fascismo social y que representa lo que actualmente se está viviendo en nuestro país, es que “trabajadores y clases populares están siendo expelidos del contrato social a través de la eliminación de derechos sociales y económicos, por lo tanto se convierten en poblaciones descartables […] el fascismo social puede coexistir con la democracia política liberal” (De Sousa, 2010, p. 44). Por tanto, lo que en el país se evidencia es una existente mercantilización de la sociedad que presentaría como características un proceso de securitización de la política y la democracia a la vez que un fascismo social.
¿Qué ocurrirá en las próximas elecciones congresales, luego del cierre de este año, y qué se viene para el país a cara al Bicentenario? Pues, al parecer más de lo mismo, teniendo al sector privado ocasionando un desequilibrio en el poder y su intromisión en la política, no hay otra salida que una reestructuración que logre asentar las bases de nuevos contratos sociales, teniendo en cuenta las diversas desigualdades e inequidades en el país.
[1] De Sousa, B. (2016, October 26). Entrevista con Boaventura De Souza Santos [OpenDemocracy]. Recuperado de: https://bit.ly/2OTZLGl
[2] De Sousa, B. (2010). Descolonizar el saber, reinventar el poder. Montevideo: Ediciones Trilce.
[3] Fuente: https://bit.ly/2OU9fRO
[4] Según la fuente consultada (Taureck, 2006) la teoría de securitization fue iniciada por Ole Waever. Recuperado de: https://bit.ly/37Njvnz
[5] Este término en español es consultado del artículo “¿De qué hablamos cuando hablamos de la “securitización” de la migración internacional en México?: una crítica”. Recuperado de: https://bit.ly/2r122r4
[6] Traducción propia, texto original: “By stating that a particular referent object is threatened in its existence, a securitizing actor claims a right to extraordinary measures to ensure the referent object’s survival. The issue is then moved out of the sphere of normal politics into the realm of emergency politics, where it can be dealt with swiftly and without the normal (democratic) rules and regulations of policy-making” (Taureck, 2006).
