Así lo aseguró el exmandatario del partido aprista, Alan García, en declaraciones para la prensa. estos informantes de la Fiscalía fueron los que le advirtieron que su libertad estaba en peligro.

En la audiencia fiscal contra García, por el cobro de coimas para la adquisición de la Línea 1 del Metro de Lima por parte de Odebrecht, dispusieron 18 meses de impedimento de salida del país, a lo cual García señaló aceptar con orgullo, pero luego corrió a pedir asilo a la Embajada de Uruguay.

Estos hechos fueron vividos con suma tensión por los peruanos quienes no dudaron en ir hasta la embajada uruguaya a exigir que no se le dé asilo a García porque no está siendo perseguido sino juzgado por las leyes peruanas, ya sin el halo de los “hermanitos” que reinaban en el Poder Judicial.  

“Cuando estaba yendo a la Fiscalía me dijeron ‘no va a haber’ [audiencia]. Tenemos también informantes dentro del equipo anticorrupción (de la Fiscalía). Mejor es prevenir que lamentar”, manifestó García, al parecer, ya sin ningún temor a cometer faltas éticas como esta, porque cómo es posible que una persona acusada por la ley pueda tener gente que le informe desde dentro cómo va su proceso, lo que le ayudó a intentar escapar a Uruguay. 

Alan García ha estado soltando información errada estos meses para distraer a la opinión pública acerca de su caso; asimismo, dice no eludir a la justicia, sino impedir una injusticia, y que mejor es prevenir que lamentar. 

Frente a este hecho, el  fiscal superior coordinador del Equipo Especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, señaló que esto era “obstrucción de la justicia”. 

“La declaración de García determina una expresión de peligro procesal porque estaría, a través de este tipo de declaraciones, obstruyendo la labor de la justicia al manifestar que ha infiltrado el equipo de fiscales… Es una forma de peligro procesal. Si él está obteniendo información con un equipo de inteligencia, como él dice, está infringiendo los deberes de confidencialidad que tiene todo el personal administrativo y fiscal, lo que podría terminar siendo un acto de corrupción”, señaló Rafael Vela para El Comercio