Costó mucho que pudiera salir el cuestionado Juan José Santiváñez, antiguo defensor de criminales, quien ocupaba el más alto cargo de un ministerio encargado de velar por la seguridad del país, un deber en el que no solo fracasó, sino que exacerbó a un punto de tal vez no retorno.

Su punto final lo marcó no el asesinato por degollación del gerente de Qali Warma, principal implicado en severas corrupciones dentro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ese que la presidenta DIna Boluarte manejó por tanto tiempo. Tampoco el descubrimiento de la red de prostitución en el Congreso con el asesinato de Andrea Vidal, una de sus implicadas, bajo el mando del jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, Jorge Torres Saravia.

Santiváñez era protegido con garras y colmillos por Boluarte y varias bancadas, pero el asesinato de uno de los cantantes del popular grupo de cumbia Armonía 10 cambió su buena suerte y puso su cabeza en la guillotina de la censura, al que presurosamente se sumaron todas aquellas bancadas que anteriormente lo protegían, porque la voz del pueblo es la voz de Dios, pero solo cuando conviene.

Su reemplazo, Julio Díaz Zuzuleta, no puede ser más conveniente para el gobierno, pues antes de ser nombrado ministro era viceministro del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública del propio Ministerio del Interior; pero totalmente inconveniente y peligroso para la población peruana que busca una solución a la enorme posibilidad de morir a manos de sicarios en cualquier minuto del día.

Zuzuleta es un fiel servidor del gobierno y uno de los pocos que aceptaría formar parte de él, por lo que despertaría sospechas de ser parte de este conjunto de personajes que tiene una serie de controversias a sus espaldas, y no nos equivocamos. Cuando era jefe de la Macro Región Policial de Lambayeque, en los aciagos años de pandemia, estuvo involucrado en la adquisición de material de seguridad (alcohol en gel y mascarillas) para la policía de muy mala calidad y que no protegían a nadie, lo que puso en peligro la vida de sus subordinados. El ministro Santiváñez destinó 80 mil soles para el pago del abogado defensor de Zuzuleta.

Pero nada haría sospechar que si no proveía seguridad, protección y garantías de vida para sus subordinados, también lo haría con su familia… pero sí, el flamante ministro del Interior tiene tres denuncias en su contra por no pasar una pensión de alimentos, una interpuesta por su propia hija. Quién lo creería.

Por último, nuestro nuevo ministro también tentó suerte en la política, con un futuro prometedor de tránsfuga, primero quiso ser candidato a la alcaldía de Surco por el Partido Morado y postuló luego a regidor al mismo distrito por Alianza para el Progreso. Ahora, sin partido político, se suma a un nuevo desastre del gobierno de Boluarte.