Más de 400 ciudadanxs preocupadxs por el peligro de desborde debido a que las consecuencias la crisis sanitaria y económica por el coronavirus las está cargando la población, envió una carta al presidente Martín Vizcarra, en donde realizan aportes para mejorar el sistema de subsidios que hasta el momento ha establecido el gobierno para paliar la situación de precariedad de muchas familias, pero al que no han accedido miles que también lo necesitan.

En la carta señalan que esta es “una contribución a la política general del Estado, en estas difíciles circunstancias”.

Por un bono verdaderamente universal

El mundo entero atraviesa por una crisis sin precedentes. En el Perú, es imprescindible garantizar la vigencia de los derechos fundamentales y superar la precarización del servicio público de la salud, que nos golpea tan duramente. Hay que recuperar una visión centrada en la preservación y calidad de la vida humana, adecuando a ello las medidas para recuperar la economía. Es tiempo de hacer las cosas de manera diferente.

Sabemos que las decisiones adoptadas han sido muy duras y que muchas de las críticas olvidan que tenemos un Estado extremadamente débil. Conscientes de ello, nos anima la convicción de que es tiempo de recuperar la dimensión pública y universal de las políticas sociales y de salud.

Reconocemos y valoramos la acertada decisión política del gobierno de entregar un bono universal. Millones de personas han perdido sus empleos o fuentes de ingreso. Sin el bono, no podrán cubrir sus necesidades básicas.

Hoy, esta decisión puede quedar desvirtuada cuando, lejos de unificar y universalizar la política social que sustenta el bono, cada ministerio maneja sus propias listas de beneficiarios. Tras el objetivo de eliminar los “errores de inclusión”, se ignoran las graves consecuencias de excluir a la multitud de compatriotas que necesitan ayuda con urgencia. La realidad ha demostrado que la focalización no es una herramienta idónea frente a una crisis de esta magnitud.

La entrega del bono universal se anunció hace más de un mes y aún no se logra cumplir. Nuestra sociedad tiene una elevada tasa de informalidad, con movilidad en el empleo y en las viviendas. Pretender identificar y localizar con precisión a todas las familias vulnerables, nos lleva a un inútil desgaste de energía y de tiempo. Tiene mucho más sentido aplicar una “focalización inversa”: tomar como base el universo de ciudadanos registrados en Reniec y excluir a las personas con ingresos medios y altos, en base a la información de la planilla electrónica y de la Sunat. Se requiere con urgencia de una lista única, que puede depurarse progresivamente con la lógica de la focalización inversa.

En el documento “El desafío social en tiempos del COVID-19”, recién publicado por la Cepal, se anuncia que el impacto de la crisis hará retroceder 13 años el PBI per cápita en América Latina y el Caribe, y que millones de personas podrían caer debajo de las líneas de la pobreza. De cualquier manera, esa caída será temporal, para la gran mayoría uno o dos años. Se trata entonces de evitar que los costos en impactos negativos de la crisis continúen distribuyéndose inequitativamente, afectando a algunos sectores de varias maneras y en simultáneo.

La propuesta es que los Estados de la región avancen hacia un Ingreso Básico Universal o Seguro de Desempleo, que incluya no solo a las personas en situación de pobreza, sino a personas vulnerables de ingresos bajos. La reanudación progresiva de las actividades económicas dependerá, en buena medida, de la recuperación de la demanda. Por ello, resulta indispensable que quienes han perdido sus empleos e ingresos, sigan recibiendo el bono por un tiempo adicional a evaluar.

La experiencia de los últimos dos meses revela que uno de los problemas centrales ha sido la falta de acceso a la ayuda económica. Cómo lograr que las familias accedan a los recursos sin pasar por colas que generan aglomeración.

Proponemos dos medidas:

  • Establecer las condiciones para la masificación del uso de servicios financieros digitales (desde banca celular, dinero electrónico y banca e inversiones por Internet). Sin embargo, hace falta una campaña educativa intensa –en materia de uso de servicios financieros y en capacidades digitales– para que los usuarios accedan y confíen en este tipo de servicio, garantizando una conectividad y seguridad efectiva.
  • Recuperar la dimensión de servicio público del sistema financiero y, en ese marco, asegurar la universalización de la tenencia de cuentas básicas.

La realidad actual ha puesto en evidencia el monumental contraste entre nuestras precarias capacidades institucionales y los niveles alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica. A partir de esta constatación, resulta impostergable realizar un giro sustantivo en las políticas a implementar que permitan un abordaje integral de la crisis y su efectiva superación en el mediano plazo.