El 2018 en el Perú cerca de 150 mujeres fueron víctimas de feminicidio, una de ella fue la hija de Celia, Ligia Briones, quien dejó huérfana a su hija Jimena de 9 años. Desde su muerte, Celia ha tenido que hacerse cargo del cuidado de su pequeña nieta, quien ha visto truncado su proyecto de vida pues dependía completamente de su madre. Cansada de tanto abandono y de las pocas posibilidades que tiene Jimena para recuperar un poco lo que tenía, es que Celia se animó a escribirle al presidente Vizcarra, junto con dos familias más, para contar su caso y hacer comprender al gobierno la necesidad de un programa de apoyo completo, que incluya una pensión económica para las víctimas indirectas de la violencia machista.
Sandy Evangelista Loa también cuenta cómo vivieron ella y sus familiares el feminicidio de su hermana mayor Nelva. La joven fue asesinada por su conviviente, quien se dio a la fuga y estuvo prófugo 10 años, el 2016 recién fue capturado.
La familia se vio completamente impactada, tanto que tuvieron que pasar dos años para que la madre de Nelva volviera a ser la misma de antes. Mientras tanto, los hijos sobrevivían sobre la base del apoyo de otros familiares y vecinos. Cuando el asesino fue capturado, para pagar al abogado tuvieron que vender sus propiedades, y se vieron obstaculizados de estudiar por temor a las amenazas de la familia del asesino. Nunca recibieron apoyo del Estado.
Ahora, basadas en su experiencia y con la asesoría legal de Terre des Hommes Suisse buscan que el Estado implemente de una vez el Programa que puede ayudarlas a reconstruir sus vidas.
El dato
Activistas, personalidades y organizaciones sociales suscribieron un pronunciamiento a favor de que el Estado implemente un Fondo Solidario y un Programa de Asistencia a las huérfanas y huérfanos por feminicidio y sus familiares.
“En el Perú, cada mes diez niños y niñas quedan en la orfandad por feminicidio. El Estado no sabe ni quiénes son ni dónde están. Son invisibles, no existe registro ni un programa presupuestal, ni se aplican políticas públicas para la restitución de sus derechos.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el año 2018 140 niños quedaron huérfanos de feminicidio. Son más de mil en los últimos diez años. Sus historias permiten comprender su abandono, desesperación y la necesidad de asignar un presupuesto y un equipo especializado en la atención de huérfanos y huérfanas de feminicidio.
El feminicidio tiene un gran impacto económico, social y sicológico en toda vida de los familiares sobrevivientes. Los huérfanos de feminicidio, en el mismo acto, pierden todo cuidado parental: a la madre que muere y al padre, si este es el asesino, porque estará o prófugo o en prisión. El abandono económico tendrá un impacto que definirá su futuro. De allí la importancia de la creación de un Fondo solidario con los huérfanos y familiares de víctimas de feminicidio.
Frente a los problemas identificados de pobreza súbita o incremento de la situación de pobreza por pérdida de los dos ingresos de la familia nuclear, conflictos emocionales, daño psicológico por haber presenciado el feminicidio, estigma social, temor a que los huérfanos sean puestos bajo la protección (cuidado) del feminicida o de sus familiares directos, temor por amenazas contra la vida y la salud por parte de desconocidos, acoso por redes sociales y telefonía, y riesgo a la seguridad personal y a la integridad, así como necesidad de fortalecer a la defensa pública de víctimas de feminicidio, en solidaridad con las víctimas con la finalidad de cumplir con la restitución de sus derechos apoyamos la creación de un Fondo Solidario y un Programa de Asistencia a las huérfanas y huérfanos por feminicidio y sus familiares que apoye los planes de vida de los familiares directos de las víctimas de feminicidio que incluye:
- Un programa piloto que otorgue un sueldo mínimo para la sobrevivencia.
- Pago al 100% del funeral.
- Pago o gestión al 100% de medicinas y educación básica regular, así como técnica, de las personas que adquieran el estatus de víctimas de feminicidio.
- Constitución de un equipo itinerante especializado de asistencia y acompañamiento a las víctimas en la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la atención de huérfanos menores de 18 años y en Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual para el seguimiento de las familias que solo tienen integrantes adultos.
- Asignación de presupuesto público suficiente la Unidad de Protección Especial (UPE) para que cuente con un equipo especializado itinerante que acompañe a los y las huérfanas de feminicidio menores de 18 años y para el Programa de Violencia Contra la Mujer y la Familia para la atención de los y las víctimas mayores de edad.
- Seguimiento trimestral a la defensa pública de víctimas y creación de un equipo especializado en feminicidio, así como su capacitación periódica.
- Investigación de los casos de acoso cibernético y medidas de protección que garanticen la seguridad y capacidad de autodefensa de las familias.
- Regulaciones taxativas para facilitar el cambio de nombre de las víctimas de feminicidio (apellido del padre) que así lo consideren necesario.
- Regulaciones taxativas para que el feminicida no herede ni a su víctima ni a sus hijos”
¿Qué hace el Gobierno hasta ahora?
En diciembre salió la Resolución Ministerial N° 3017-2018-MIMP, que crea la estrategia “Te acompañamos” con el fin de garantizar los derechos de las víctimas indirectas de los feminicidios. Hasta el momento, según nos cuentan Sandy Evangelista y Celia Vásquez, nadie del MIMP se les ha acercado para inscribirlas o contarles siquiera de qué trata.
