Víctor es un adulto mayor que vive solo en una calle del centro de Huánuco. Se dedica a la carpintería y gasfitería. No tiene aportes en ninguna administradora de fondos de pensiones ni compensación por tiempo de servicios. Como su vivienda tiene todos los servicios básicos, no fue focalizado dentro de un hogar pobre, en el Sistema Nacional de Focalización de Hogares (SISFOH).

Edith es la mamá de una niña de tres años, cuyo padre se niega a dar un sol para su alimentación. Los años que tiene la niña son los mismos que Edith ha litigado para que la justicia peruana supla lo que la moralidad universal no ha conseguido con el irresponsable progenitor. Trabajaba en un restaurante sin derechos laborales y, por ende, sin compensación de tiempo de servicios o fondo de pensiones. Vive con su papá, un campesino retirado, en Amarilis. Como es la zona urbana, su hogar tampoco fue focalizado como pobre en el SISFOH.

Ambos tienen motivos para la desesperación y para salir a buscar algún ingreso cerca a algún mercado o banco, adonde las personas tienen que ir. Ninguno es ocioso ni gusta de vivir del dinero ajeno, al contrario, generan riqueza para otros y para la sociedad, pero las medidas emitidas para limitar la propagación del coronavirus los han dejado sin ingresos. Lamentablemente, los bonos focalizados por hogares entregados hasta hoy no les ha tocado. Su última esperanza es el bono complementario tras el registro de su hogar, unipersonal y bipersonal, respectivamente, en el portal del Registro Nacional de Hogares.

Sus casos se repiten en todo el Perú con consecuencias terribles. El economista Eduardo Zegarra refiere que “en una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a familias de Lima Metropolitana y Callao, entre el 5 y 7 de mayo de este año, un 14% de hogares declaró no haber podido comprar alimentos con contenido proteico como carnes, pescado y huevos; y un 9%, de alimentos con contenido de carbohidratos. En el 73% de los hogares con dificultades para adquirir alimentos con proteínas la causa fue la carencia de medios económicos… Si extrapolamos estas cifras al Perú urbano, podríamos estar llegando a 3.5 millones de personas con inseguridad alimentaria a nivel nacional”. Para contrarrestar esto propone “que, en principio, el gobierno debe asegurarse de que el bono universal llegue a las 7 millones de familias que lo necesitan”. Lo que exige un mecanismo general de asignación, como se viene planteando desde este y otros espacios.

En ese sentido, una de las organizaciones que ha planteado un ingreso básico universal (IBU) por tres meses, no solo para contrarrestar el hambre y desnutrición por la carencia de ingresos para adquirir proteínas, sino también para reactivar la economía una vez levantado el confinamiento, es el Nuevo Perú, que propone “entregar el IBU a todos los ciudadanos mayores de 18 años, de manera individual, excluyendo a quienes están en planilla y a quienes reciben importantes rentas o dividendos… se debe crear un padrón único y abrir cuentas bancarias básicas para todos los que no tengan una. Hoy solo el 40% de la población tiene una cuenta bancaria, debemos avanzar hacia la universalización del acceso al sistema financiero como un derecho, además de comprometer a toda la banca pública y privada en la entrega del IBU”.

De esta manera, en adición a contener el hambre y la desnutrición y reactivar la economía, se caminaría hacia la formalización universal, pues esta cuenta podría ser usada para depósito de retribuciones por trabajo o servicios, o para microcréditos que financien iniciativas.

Este tipo de medidas ya se ha implementado en países como Estados Unidos -“cheque de estímulo federal” de 1200 dólares por individuo contribuyente, entregable automáticamente por correo postal o depósito en cuenta- y Japón, dos extremos del planeta.

En España, el Gobierno acaba de aprobar un ingreso mínimo vital para “facilitar la transición de los individuos desde la exclusión hacia la participación plena en la sociedad y en la economía… Tienen derecho a solicitar el IMV, aquellos ciudadanos que vivan solos y que tengan unos ingresos menores a 200 euros. También si se vive con otra persona y la renta del hogar está por debajo de los 450 euros”.

Y en Chile, la Cámara de Diputados aprobó que “el Presidente de la República envíe un proyecto de ley para crear un impuesto de 2.5% a los patrimonios superiores a 10 millones de dólares, para permitir la creación de una Renta Básica de Emergencia… un ingreso mensual de a lo menos $420 mil pesos (525 dólares) por los próximos 6 meses”.

Esto en consonancia con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que propone “… un ingreso equivalente a una línea de pobreza durante seis meses para todos los ciudadanos en situación de pobreza…”.

En suma, se está abriendo paso un sentido común planetario, que el Gobierno peruano debería acoger, para que personas como Edith y Víctor puedan subsistir en este tiempo. Y para que, sobre las medidas de emergencia, se inicie un camino de desarrollo humano.

Siguiendo a la presidenta de la CEPAL, Alicia Bárcena: “Construir el Estado de bienestar y sistemas de protección social universales es clave para evitar otra década perdida”. Es lo justo, expresa la fraternidad ciudadana que sostiene la comunidad política de los países con pretensiones democráticas y puede ser el inicio de una nueva normalidad basada en la efectividad de los derechos de todas las personas.