Son 27 años los que han transcurrido, desde aquel 5 de abril fatídico de 1992 en que nuestro país era testigo de un hecho indignante, pues el entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, se dirigió al país mediante un mensaje televisivo que no olvidaremos para anunciar un golpe de Estado. El exreo por delitos de corrupción y violación de derechos humanos, dio inicio a uno de los episodios que marcaría la falsa democracia que nos atormenta hasta el día de hoy.

El dictador Fujimori, apoyado por las Fuerzas Armadas y su servicio de inteligencia, destruyó el Estado de Derecho y de manera violenta impuso en su lugar un régimen sustentado en la voluntad individual para dominar todos los poderes del Estado y así pervertir el poder político otorgado por los peruanos y peruanas para obtener sus mezquinos intereses personales y el de sus allegados.

Alberto Fujimori y su asesor en Vladimiro Montesinos dispusieron vulnerar la institucionalidad y destruir la democracia y afectar el principio de la separación de poderes, que es fundamental para la propia sostenibilidad del Estado y el respeto a los derechos de quienes lo integramos.

Recordemos que la base de todo orden democrático implica la independencia tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial como de sus diversos organismos constitucionales autónomos, dado que la centralización del poder en un individuo conlleva al riesgo de que la voluntad personal prime sobre la voluntad del pueblo. Sin embargo, de manera estratégica y en atención a una falsa preocupación por el orden interno y moral del país, Fujimori ordenó DISOLVER el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y destituir a los miembros del máximo órgano interpretativo de la Constitución, el Tribunal Constitucional.

Alberto Fujimori engañó a un desinformado pueblo peruano sobre la necesidad de dicha intervención, argumentando que estos no permitían ejecutar las medidas que consideraba necesarias para enfrentar la crisis y el terrorismo, lo cual vislumbraba desde ya sus ansias por buscar, como sus sucesores pretenden, detentar de manera excluyente el poder político para abrazar con vehemencia las órdenes que su propia voluntad autoritaria le dicten. Hecho que por una manipulación vil a los medios de prensa, los peruanos y peruanas no pudimos advertir en su momento.

Ahora bien, tal como podemos identificar, todos los órganos intervenidos formaban parte del Sistema de Administración de Justicia en el Perú y curiosamente dicha intervención ocurrió precisamente después de los crímenes en La Cantuta y Barrios Altos, con lo cual, al desarticular las instancias que hubieran realizado las investigaciones oportunas a estos hechos de lesa humanidad, Fujimori evitó toda acción legal que se hubiera llevado a cabo.

Pero, tal como nos consta, Fujimori además de ser el autor de crímenes que atentaron contra los derechos humanos, robó el tesoro público del Estado Peruano, pues la desarticulación del Congreso, el cual tiene como una de sus funciones la fiscalización, permitió que se le traslade sus facultades y con ello utilizar sin control alguno el dinero del Estado para fines arbitrarios.

Fujimori ha dañado al Perú de tantas formas, que intentar mencionarlas todas es desgastador y deprimente, por tal motivo básicamente quiero resaltar el daño particular, que parece ser irreversible, realizado al Sistema de Administración de Justicia en el Perú, que permite, hasta la actualidad, que los derechos y la tutela efectiva de los mismos sean comercializados y la justicia de la espalda a quienes menos tienen.

Cada juez, fiscal o funcionario público, vendieron sus principios éticos y morales al gobierno fujimorista y quienes trataron de ejercer sus funciones con dignidad, independencia y criterio profesional, o bien fueron forzados a renunciar a sus principios, o tuvieron que sufrir las consecuencias terribles de su decisión, sufriendo pronto las represalias que atentaban contra sus propios derechos y los de sus seres más cercanos. Desde entonces, con mayor ahínco, miles de “servidores estatales” desean saborear el sucio placer que la corrupción les otorga y se convierten, sin vergüenza alguna, en los títeres del fujimorismo y de aquellos que siguen su filosofía instaurada de la maldad social, quienes los manejan a su antojo en función a sus propios intereses.

Los peruanos nunca perdonaremos lo que Alberto Fujimori hizo con la justicia de nuestro país, dado que, como consecuencia de su perverso ejercicio del poder político absolutista, la impunidad, sustentada en la nefasta corrupción, se encuentra enquistada en cada instancia administrativa y jurisdiccional. Situación que día a día golpea en la dignidad a cada peruano o peruana que es víctima de alguna violación a sus derechos y nada puede hacer al respecto.

Alberto Fujimori logró manchar la historia del Perú Republicano con un nivel nunca antes visto de degradación de la función judicial y política que parece insistir en convivir y ser parte de nuestras vidas, pues desde entonces el nepotismo que caracteriza al actuar del legado de Fujimori se practica en cada nivel de la administración del Estado.

En este día es importante que refresquemos la memoria de Fujimori y su legado para que les quede claro que el Estado peruano no es su propiedad privada y que los peruanos o peruanas no somos sujetos de sumisión a los caprichos de voluntades dictatoriales que no atienden a ninguna vocación de servicio por el bien común y el desarrollo de nuestro Perú.

Ni olvido ni perdón para el Dictador, FujimoriS nunca más.