Por: Carmen Barrantes

La alerta lanzada por el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, sobre el proyecto de Alejandro Muñante que modifica la Ley 29918 es contundente. La norma aprobada le habría reducido el peso político a la rendición de cuentas que debe hacer cada año un primer ministro sobre la gestión gubernamental frente a la trata de personas.

Gracias a la Ley Muñante el informe anual no se haría ante el pleno del Congreso sino ante dos comisiones parlamentarias. Un hecho contradictorio, pues la norma aprobada exige por otro lado que los ministros del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informen bajo responsabilidad y actualice cuáles son las políticas vinculadas a la trata sobre las que se deben reportar.  Esta medida habría buscado retomar el cumplimiento de los informes nacionales que no se presentan desde el año 2018 y darle mayor responsabilidad para informar al MIMP.

¿Quién le cambió el rumbo a la medida? Y más preguntas caen por su propio peso: ¿Quiénes se benefician con esta norma? ¿Qué fuerza tienen las mafias de tratantes en el Congreso?

¿Es que los congresistas no son conscientes de que la trata de personas, mediada por el crimen organizado, ha invadido nuestro país? ¿No saben que está presente en las capitales de las regiones, incluso Lima? ¿Por qué restarle importancia a la rendición de cuentas si es evidente que la trata de personas es un problema grave en el Perú? ¿No saben los congresistas que cada metro de Lima histórica —a tan solo unas cuadras del Congreso de la República— está siendo disputado por sicarios para convertir nuestras calles en un espacio de explotación sexual de mujeres migrantes?

Entre el 2018 y el 2023, hemos alcanzado las 29400 denuncias de casos de trata de personas, según el Ministerio Público. La trata con fines de explotación sexual, como se sabe afecta principalmente a adolescentes mujeres y la trata con fines de explotación laboral a jóvenes varones y mujeres.

El Perú es un país de origen y destino que tiene como desafío actualizar sus estrategias ante las de crimen organizado como el Tren de Aragua que, entre sus múltiples delitos, ha incorporado la trata de personas.

Un retroceso como lo que sucede con la Ley Muñante tiene el efecto perverso de quitarle voz a las organizaciones del Estado especializadas en la lucha contra la trata de personas y también a las propias víctimas. Los informes anuales serán escuchados solo a nivel de comisiones, jugando de pared con las mafias de la trata. Nadie sabe para quién trabaja.