Gran controversia generaron las declaraciones de la presidenta Dinal Boluarte, que en diversas entrevistas concedidas el domingo 18 de diciembre, luego de que se contabilizaran más de 20 muertes a manos de la Policía y el Ejército peruano por las masivas protestas exigiendo el cierre del Congreso, señalara que estos asesinatos serían investigados también por el fuero militar.

Abogados y especialistas salieron a aclararle a la presidenta que no es posible que los militares se investiguen a sí mismos cuando cometen delitos contra la población.

Así lo señaló Carlos Rivera: «En noviembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia (caso Pomatanta) resolvió que lsa violaciones de DDHH son de competencia exclusiva de la justicia común (Fiscalía y Poder Judicial)».

La congresita Sigrid Bazán también se pronunció sobre el tema: «Muertes de civiles por parte de agentes estatales no son delitos de función, por tanto, no tiene por qué investigarse en el fuero militar».

La especialista Ursula Indacochea mencionó también lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema: «La CorteIDH ha establecido que graves violaciones de DDHH son competencia del fuero común. Al llevarlas al fuero militar Perú violaría a juez competente».