Por: Victoria Solís Peña

2019 ha sido un año de aniversarios en el calendario feminista. Se cumplieron 40 años de la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación contra la Mujer- CEDAW y 25 años de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las Mujeres. Ambos son tratados internacionales, ratificados por el Perú, que permitieron ampliar la comprensión integral de la discriminación y la violencia hacia las mujeres a escala global y regional. 

A nivel nacional, se cumplieron 40 años desde que la derogada Constitución de 1979 reconoció expresamente que “El varón y la mujer tienen iguales oportunidades y responsabilidades”, lo que marcó una antesala a los avances normativos contra la desigualdad de género, ocurridos décadas después y que hoy defendemos de los retrocesos conservadores y fundamentalistas. En 1979 se fundó el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, una de las primeras organizaciones feministas de sociedad civil, que este 2019 ha sumado cuatro décadas de vida.

Sin embargo, los más de 170 feminicidios[1] que vamos contabilizando en el Perú enturbian dolorosamente este año de fechas memorables en nuestras luchas por la igualdad. La Defensoría del Pueblo ha alertado que se trata de la cifra más alta reportada en los últimos 10 años. Curiosamente, este 2019 se cumplen también 10 años desde la creación de los dos primeros registros estatales de feminicidio, a través del Ministerio Público y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (entonces Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social) [2].

Lograr que el Estado peruano registrara los feminicidios no fue tarea fácil. Detrás hubo esfuerzos incansables de organizaciones feministas que ya desde el 2004 empezaron a registrar y hacer incidencia en torno a las muertes violentas de las mujeres por razones de género[3], enunciándolas como feminicidio. Este esfuerzo estuvo presente también en distintos países de América Latina y El Caribe, muchos de los cuales hoy cuentan con registros y delitos de feminicidio o femicidio.

En Perú, es recién en el 2013 cuando se logró tipificar al fin el feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal, luego de extensos debates en el Congreso. Fue un hito lograr que la ley penal reconociera que estos crímenes de género eran distintos a otras figuras como el homicidio, el parricidio o el asesinato.

¿Qué nos dejan estos 10 años de registro/reconocimiento estatal de los feminicidios, a parte de una terrible evidencia: 1300 denuncias por casos consumados y otras 2000 denuncias por casos de tentativa, desde el año 2009[4]?

Estos 10 años han servido para nombrar y dejar de silenciar un hecho histórico, normalizado e invisibilizado que, en palabras de la antropóloga Rita Segato, es parte de la pedagogía de la crueldad con que la violencia machista busca disciplinar a las mujeres. No es que antes no existieran feminicidios en el Perú, solo que ahora ya los vemos, pues tienen un nombre propio y un registro. Ya no se esconden detrás de los homicidios por emoción violenta.

En ese camino, aunque suene paradójico decirlo, se ha avanzado en la visibilización del feminicidio como un problema social de cara al Estado y la sociedad, al punto que políticas públicas, medios de comunicación y activismos ciudadanos le consideran hoy día un eje clave en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. La marcha “Ni Una Menos” del año 2016, la más grande que hemos tenido en la historia, fue reflejo de ello. La tan arraigada percepción de la violencia como un tema privado se está rompiendo irreparablemente por el horror que nos producen estos delitos (y su impunidad), ahora identificables y no invisibles.

Se ha logrado construir políticas públicas y normas integrales contra esta violencia mortal y otras agresiones que suelen ser escalones previos al feminicidio, como el maltrato físico y verbal, la violencia sexual y el acoso.  Así, el Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021 tiene como uno de sus objetivos reducir el número de feminicidios, a través de estrategias de prevención y atención de las distintas formas de violencia machista.

Además, la Ley 30364, promulgada en el año 2015, establece un sistema de protección para garantizar la seguridad de las víctimas y prevenir futuros feminicidios. Esta comprensión progresiva y preventiva de la muerte violenta de las mujeres por razones de género era prácticamente inexistente en la anterior Ley 26260, que solo atendía casos por violencia intrafamiliar.  

Actualmente el feminicidio cuenta con una de las sanciones más drásticas en la ley (mínimo 20 años de cárcel), pudiendo llegar a la cadena perpetua cuando concurran dos o más agravantes. Se cuenta con un protocolo para la investigación de estos delitos con enfoque de género por el Ministerio Público[5] y otro para la atención interinstitucional de las víctimas y sus familiares[6]; ambos instrumentos, adoptados luego del feminicidio contra Eyvi Agreda.

¿Qué caminos nos faltan recorrer para afrontar eficazmente esta problemática? El reciente feminicidio de Jésica Tejeda y el asesinato de sus tres hijos en El Agustino muestran cruelmente que los avances normativos y la visibilización de esta forma de violencia, si bien representan avances históricos, NO son suficientes. El patriarcado nos sigue matando, cada vez con más ensañamiento.

De fondo, lo que falta es voluntad política para implementar los instrumentos existentes y para adoptar otras decisiones transversales en el campo de los derechos humanos de las mujeres.

Seguimos rezagados en prevención. En los centros educativos públicos y privados del país no se implementa adecuadamente los Lineamientos para una Educación Sexual Integral (2008) y el Currículo Nacional de Educación Básica (2016). La responsabilidad no solo recae en los grupos fundamentalistas y conservadores que tienen como agenda bloquear una educación para la igualdad de género, sino también en el Poder Ejecutivo (más concretamente, el Ministerio de Educación). La escasa capacitación docente, deficiente infraestructura y la ausencia de sistemas de evaluación son una constante, agudizada en las regiones[7].

¿Cómo transformar los imaginarios machistas que sostienen desde el acoso callejero hasta el feminicidio, si a los niños y las niñas, en su diversidad, no se les educa desde una cultura de igualdad y no discriminación?

Es esencial que Estado y sociedad comprendan que el feminicida no es un monstruo o una persona con discapacidad mental, sino un sujeto común educado en una sociedad machista y con profundas desigualdades. El Estudio “Víctimas y victimarios del Feminicidio”, publicado este año por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, recoge valiosa evidencia en ese sentido y desmitifica el perfil de estos agresores, evidenciando que pertenecen a distintos niveles educativos y socioeconómicos, y que en la mayoría de casos no cuentan con antecedentes penales, lo que los diferencia del perfil criminológico de la mayoría de homicidas[8].

Por otro lado, ¿cómo se pretende erradicar la violencia machista que reproduce los feminicidios si otros campos de los derechos de las mujeres, tales como los derechos sexuales y reproductivos, de participación política y los derechos laborales, siguen vulnerados?

Una política de prevención integral contra el feminicidio, comprende que para erradicar el patriarcado que nos está matando es necesario empoderar a las mujeres en todos sus derechos humanos, romper con los estereotipos que siguen objetivando sus cuerpos, decisiones, dignidad e igualdad.

En el mensaje presidencial del año 2018, el presidente Martín Vizcarra anunció una serie de medidas de urgencia para enfrentar la violencia contra las mujeres. Entre ellas, se declaró en alerta permanente a las comisarías a nivel nacional, para que “en las 24 horas del día puedan recibir denuncias y aplicar las medidas de protección correspondientes en salvaguarda de la vida e integridad de las mujeres”[9].

Sin embargo, el sistema de atención y protección, establecido en la Ley Nº 30364, en la gran mayoría de casos no está funcionando. La responsabilidad funcional de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior es indiscutible.

Corregir esa situación no pasa solamente por incrementar más comisarías con Centros de Emergencia Mujer, que ha sido una estrategia implementada por los últimos mandatarios sin mayor éxito. Pasa por destinar recursos para capacitar sostenidamente a los efectivos que atienden a las mujeres y sancionar a los malos efectivos, que como en el caso de Jesica Tejeda y sus hijos, no actúan con rapidez y debida diligencia frente a las denuncias. Una medida de fondo abarca, a largo plazo, promover una formación del personal policial con enfoque de género y derechos humanos de las mujeres[10].

Al mismo tiempo, se tiene que garantizar el acceso a la justicia de los familiares y erradicar la impunidad. Según cifras del Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre los años 2012 y 2018, apenas un 30% de los casos identificados como feminicidio terminaron en sentencias condenatorias[11]. Los factores que combatir son la negligente investigación y juzgamiento de los casos en el Ministerio Público y el Poder Judicial, el deficiente patrocinio legal de los Centros de Emergencia Mujer y la lista larga de denunciados prófugos por este crimen que todavía no son capturados por el Ministerio del Interior.

Si bien es positivo que se haya ampliado el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género para el año 2020, lo cierto es que la eficacia real de esta y otras decisiones políticas se observará en la medida que a puertas del Bicentenario de nuestra República no tengamos más feminicidios ni tentativas de feminicidios que lamentar, en la medida que los niñas y niñas huérfanos por este crimen sean atendidos integralmente y que los familiares de las víctimas, en las distintas regiones y provincias, reciban justicia. El Ejecutivo y el futuro Congreso electo tendrán que rendir cuentas a la ciudadanía y  las mujeres.

Los más de 170 feminicidios que vamos contabilizando este 2019 en el país duelen y no pueden repetirse. Muy posiblemente sean más, considerando las cifras ocultas tras las desapariciones de mujeres que siguen sin resolver. 

Como sociedad, nos corresponde no estar indiferentes a esta  situación y contribuir a que cambie: El patriarcado es un juez que nos vulnera por nacer y nuestro flagelo es la violencia que ya ves.

[1] Estas cifras corresponden al último registro de la Defensoría del Pueblo sobre muertes violentas de mujeres con características de feminicidio: https://tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/feminicidios-este-2019-hubo-171-muertes-y-380-tentativas

[2] Se crean a través de la Resolución Ministerial Nº 110-2009 MIMDES y la Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 216-2009-MP-FN, ambas del año 2009.

[3] Meléndez López, Liz; “El feminicidio en el Perú, caminos recorridos y retos para su prevención y tipificación”. Disponible en:           http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7B0A65551D8CC8FB05257C380077B62B/$FILE/ElFeminicidioenelPer%C3%BA.pdf

[4] Cifras obtenidas desde el registro de la Defensoría del Pueblo y la estadística de los Centros de Emergencia Mujer y Poblaciones Vulnerables.

[5] Protocolo del Ministerio Público para la investigación de los delitos de feminicidio desde la perspectiva de género, vigente desde el 2018. Disponible en: https://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/7089_protocolo.pdf

[6] Protocolo interinstitucional de acción frente al feminicidio, tentativa de feminicidio y violencia de pareja de alto riesgo, vigente desde noviembre del 2018. Disponible en: https://peru.unfpa.org/es/publications/protocolo-interinstitucional-acci%C3%B3n-frente-al-feminicidio-tentativa-de-feminicidio-y

[7] Siguen vigentes los hallazgos encontrados en el estudio De la Normativa a la Práctica: la Política de Educación Sexual y su Implementación en el Perú (2017). Disponible en: https://www.guttmacher.org/es/report/politica-de-educacion-sexual-peru

[8] Víctimas y victimarios del feminicidio: Un estudio desde los perpetradores del delito, Ministerio de Justicia, 2019. Disponible en: https://indagaweb.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2019/11/Victimas-y-Victimarios-del-Feminicidio.pdf

[9] Acciones de Gobierno en torno a la violencia contra la mujer, dispuestas por el presidente en junio del 2018. Disponible en: https://www.presidencia.gob.pe/noticias/6381

[10] En los Lineamientos de Formación, Capacitación, Especialización y Perfeccionamiento de la Policía Nacional del Perú, aprobados por la Resolución Ministerial Nº 116-2019-IN, se tiene un instrumento que debe cumplirse.

[11] Data disponible extraída de nota de la Defensoría del Pueblo, noviembre del 2019. Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/deunavezportodas/preocupa-que-solo-30-de-casos-de-feminicidio-haya-obtenido-sentencia-condenatoria/