Esta semana los peruanos y peruanas la iniciaron cargada de ilusiones y motivaciones, cualquier persona que viera esa escena pensaría que por fin ya no hay violencia, que todos gozan del derecho a la salud y educación de calidad por lo menos, y por eso se muestran tan satisfechos por la actuación de un órgano de administración estatal; pero no, todo el caos y crisis social permanece. Esta efervescencia de aparente felicidad colectiva se debe a que se abrió la posibilidad de llevar tus propios snacks al cine. Y sí, la canchita en el cine es al parecer un gran distractor social como lo es el fútbol.

Veamos, el pasado 18 de febrero, mientras el pueblo peruano estaba sumamente conmovido con el paseo del féretro del periodista deportivo Daniel Peredo por el estadio nacional, fallecimiento que por cierto fue convenientemente difundido por los medios de prensa, se debatía en esos precisos instantes, en el Congreso de la República, el Proyecto de Ley 1215/2016-CR, presentado por la fujimorista Rosa Bartra, el cual modifica la Ley N° 28518, Ley de Modalidades Formativas Laborales, y, como es de conocimiento general, permitiría que los estudiantes de educación superior no universitaria trabajen hasta tres años sin recibir ninguna clase de remuneración.

La propuesta normativa ha sido duramente cuestionada, incluso, por los propios estudiantes de institutos que se sintieron claramente vulnerados con la propuesta que promueve a que “voluntariamente” accedan a trabajar para empresas e instituciones privadas con el fin de complementar “su formación teórica-práctica en el aula”, como señala el texto del proyecto. Con ese fin, los estudiantes podrían firmar convenios de hasta por 3 años y por 448 horas, dedicando este tiempo y esfuerzo ad honorem, es decir, sin recibir remuneración. El texto del proyecto también señala que estas jornadas pueden ser de hasta 20 horas semanales.

Tal es así, que hemos sido testigos de presenciar como muchos jóvenes peruanos, quienes por lo general no están involucrados en la participación activa ciudadana, se organizaron e hicieron efectivo su derecho a la protesta, la cual, por cierto, fue reprimida de manera violenta por parte de los efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Los jóvenes, a quienes suelen subestimar muchas veces, estaban decididos a mostrar nuevamente el poder de su fuerza organizativa, como ya lo hicieron anteriormente con la denominada “Ley Pulpín”, y es aquí cuando viene la estratégica acción comunicacional que ha hecho que de pronto, dejemos de comentar masivamente respecto a la afectación de los derechos fundamentales de los estudiantes de institutos, y pasemos a preocuparnos sobre qué llevar al cine: ¿pan con chicharrón o pollito a la brasa?, he ahí el dilema.

La resolución del INDECOPI que ha contentado a los peruanos fue emitida el 15 de febrero, y notificada el 18 de febrero a ASPEC, que fue la parte denunciante; pero su difusión mediática estratégica se hizo una semana después, justo cuando el foco de la atención se concentraba en el referido proyecto normativo. Al respecto, es importante tomar en cuenta que este órgano administrativo emite resoluciones todos los días, con pronunciamientos mucho más relevantes que involucran temas como comisiones bancarias o por ejemplo derechos fundamentales como el de la no discriminación, pero que no han captado “atención mediática como cancha”.

Es claro que la protección al consumidor tiene muchos retos en el Perú y uno de ellos va de la mano con la educación y la meta de que todo consumidor entienda la información que está puesta a disposición para que tome correctas decisiones. Sin embargo, estas medidas no son en sí mismas medidas que promuevan ello y, asimismo, sorprende que, pese a que siempre apelamos a ser protagonistas del ejercicio de nuestras libertades personales, cuando existen pronunciamientos de este tipo, que regulan las mismas, nos mostramos tranquilos.

En principio, es necesario aclarar que no se pretende defender los intereses de las empresas, sino de entender el fondo de este tema tan mediático y que justamente atiende a la protección de la persona no solo en su rol de consumidor, sino el de ella en sí. Al respecto, considero importante no sustentar toda posición en la dicotomía “empresario malo” vs “consumidor inocente, bueno y burlado”, el que por cierto suele ser un fiel consumidor de la piratería cinematográfica; sino en entender que este tipo de noticias no deberían nublar nuestro interés por otros temas de mayor implicancia.

Para tal efecto, es claro que ningún cine obliga a que se le compre la canchita al precio al que ellos deciden venderla; ello en razón a estas historietas de terror creadas en dónde nos venden la idea de que la malévola empresa se aprovecha del pobre cinéfilo, pues lo atrae con el olorcito tan rico de la canchita y este cae en la tentación y no tiene más remedio que comprar lo que allí se vende. Argumento que, por el contrario, atiende más a quienes utilizan todo el tiempo temas coyunturales para implementar medidas populistas como distractores de los hechos de mayor relevancia social.

En el Perú, la seguridad, salud y educación son exquisiteces de quienes pueden pagarla y por el contrario aquí el malévolo es el Estado, al que no le importa garantizar el ejercicio efectivo de diversos derechos; sin embargo, a los peruanos y peruanas parece preocuparles más no tener que comprar la canchita que venden en el cine que gozar de una vida digna. ¿Desde cuándo comer lo que yo quiero en el cine se volvió un derecho fundamental?

Es evidente que a nadie le gusta pagar más por algo que en otros espacios del mercado cuesta menos, pero también es evidente que el perfil del cinéfilo peruano apunta en su mayoría a jóvenes de zona urbana. Tal es así que el estudio “Hábitos y Costumbres del Cinéfilo limeño”, realizado por la carrera de marketing de la USIL, menciona que la principal asistencia a las salas de cine congrega jóvenes entre los 15 y 24 años. Buena edad para formar parte de la población estudiantil superior tecnológica, ¿verdad?

Quien sea el estratega de comunicaciones del gobierno la ha hecho linda, pues justo ha puesto en el tapete de la opinión pública un tema que sabe interesará a ese sector poblacional que estaba resultando bastante incómodo estos días. Y claro, ahora los medios de prensa le dedican atención expresa de manera tendenciosa a este tema, con lo cual no solo los ciudadanos en general se distraen en ello, sino que los propios jóvenes, que hasta hace unos días reclamaban las modificaciones de la norma, parecen haber olvidado que sus derechos laborales aún siguen en riesgo de ser afectados y están preocupados sobre qué snack llevarán en su próxima visita al cine.

Al parecer, comer canchita causa Alzheimer.