El Congreso de la República acaba de aprobar un dictamen sobre un proyecto de ley que modifica el Pago de Compensación de Tiempo de Servicios (CTS) a favor de los trabajadores de EsSalud que se encuentren dentro del régimen laboral del DL N°276, con lo cual la suma que recibían será calculada del total de su remuneración y no solo de una fracción como se venía calculando. Esta medida significa una reivindicación laboral de un derecho que está siendo vulnerado, pero para la presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli, esto representa una vulneración a los derechos de los millones de asegurados, porque refiere que se recortará el presupuesto destinado a obras e insumos en pagos hacia solo “algunas personas”, o sea, trabajadores.

Si bien es cierto EsSalud atraviesa una crisis financiera y esta medida representaría una problemática que no podrán enfrentar, pues de ser aprobada esta iniciativa legislativa, EsSalud deberá cumplir con el pago de una suma alta que no tenía presupuestada y deberá utilizar los fondos que tienen destinados hacia otros fines para dar cumplimiento con esa disposición, siendo el monto que ellos calculan cercano a más de 700 millones de soles, aunque según el congresista Lescano este asciende de 200 a 250 millones, en cualquiera de los dos casos representaría un grave desajuste en su presupuesto.

Pero si analizamos esto de una manera más profunda, la mirada podría ser otra. ¿Cuál es la razón por la cual no se hizo el presupuesto para este pago? Deben haber algunas respuestas que los funcionarios que toman las decisiones podrán contestarnos, pero yo tengo una hipótesis, y es que para funcionarios como los que tenemos en países como el nuestro, los derechos laborales no son un problema que haya que atender con inmediatez, los derechos laborales no son parte de la problemática dentro de las empresas ni de las instituciones del Estado, pues, al margen de las carencias que la institución pueda presentar, estas no pueden ser cubiertas relegando derechos humanos fundamentales y no se puede argumentar que los millones de asegurados que comparados con los trabajadores son una cifra mucho mayor, sean más importantes en cuanto a materia de cumplimiento de obligaciones, porque la valoración de derechos no se determina por la cantidad de personas que se vean afectadas.

La presidenta de EsSalud, algunos congresistas y funcionarios del Ministerio de Economía han declarado su inconformidad con la medida, calificándola de populista y esperan que el Ejecutivo la observe para que no se haga efectiva; mientras que para la opinión pública los trabajadores son vistos como los responsables de esta inestabilidad, pero esto no es así, no podemos responsabilizar a quienes de manera valiente reclaman sus derechos laborales, siendo esto de total competencia de los funcionarios que tienen la capacidad de decidir y de ejecutar medidas con respecto a la administración de esta institución.

Esta situación probablemente pueda tener un tinte “populista”, como lo expresan quienes están en contra y tal vez pueda tener algunos intereses de por medio, no podemos negarlo, y de hecho mi apreciación es subjetiva, pero se basa en que se logró con una votación importante, siendo el apoyo de la bancada fujimorista mayoritaria un hecho fundamental en el éxito de esta aprobación; tal vez, en el “mejor” de los casos, algún amigo fujimorista se veía afectado con esta vulneración. En todo caso, estoy siendo tal vez paranoica y espero que así sea, porque de pronto se me ocurre pensar que tal vez los trabajadores del Estado podremos obtener algunos de nuestros derechos laborales que vienen siendo relegados de una manera más efectiva tal y como lo han logrado nuestros hermanos de EsSalud, por ello me alegro con la disposición positiva de la bancada fujimorista ante la vulneración de derechos laborales.

Dejando de lado mis suspicacias, debo añadir que las oposiciones ante esta medida que esperamos no sea observada, deben analizar también profundamente otras razones que esta institución atraviesa y es la corrupción, esa que se ha normalizado y que si se hiciera un análisis detallado nos llevaría a cuantificar cifras de horror, así como también salidas ante la situación que vulnera no solo a los trabajadores, sino a los asegurados que justo ahora empiezan a preocupar a los funcionarios que tienen en sus manos la capacidad de tomar medidas correctivas y de control para que el dinero que se destina tanto a la infraestructura como al equipamiento sea bien utilizado y no exista un destino diferente.

Por otro lado, también es importante que el Congreso tenga la misma disposición en generar consensos cuando tenga que decidir que las empresas del Estado y las privadas paguen las millonarias deudas que le tiene a EsSalud, pues de hacerse efectivas, esta institución podría cumplir de manera efectiva con las obligaciones a trabajadores sin poner en riesgo las obras en beneficio de los asegurados. Además de las modificaciones pendientes en materia de contribuciones que las empresas debieran hacer, sin contar con las empresas e instituciones del Estado que no cumplen con su obligación de aportar a EsSalud aquello que descuenta a sus trabajadores y, sin embargo, quedan impunes, mientras muchos asegurados mueren en el total desamparo. Esperamos la misma diligencia para estos y muchos otros agravios que los asegurados sufrimos y por el momento no hemos podido evidenciar alguna medida efectiva.

Finalmente, debo decir que entiendo a la opinión pública que se opone a que los trabajadores reciban este beneficio, pues EsSalud requiere de una evaluación interna urgente. Como servidora de salud y usuaria debo admitir que la calidad humana de que quienes dan la cara de esta institución vulnera derechos, daña la dignidad y repercute quizá en la vida de las personas, hecho que no justifica que no reciban una remuneración justa, pero sí debe servir para mirarse por dentro e intentar una reforma que nos recuerde las razones de ser de un servicio de salud: la vida de las personas.

Los derechos laborales no deben ser relegados ni vulnerados, del mismo modo que el derecho a la salud, y las autoridades deben entender que la corrupción y la ineficiencia de quienes tienen el poder es la razón por la cual no pueden cumplir con estos derechos. Por lo pronto, espero que la medida aprobada en el Congreso no sea observada en el Ejecutivo y que, al contrario, el presidente Vizcarra ordene a quien corresponda iniciar de manera diligente una profunda evaluación dentro del Seguro Social.