Linda Loaiza tenía 18 años de edad y recién llegaba de Mérida a Caracas, la capital, cuando la tragedia la atropelló violentamente. Luis Carrera Almoina, hijo del rector de la Universidad Nacional Abierta, la secuestró, violó y torturó cuatro meses hasta que en un descuido (no la amarró al verla en tan mal estado) Linda pudo arrastrarse hasta una ventana y pedir auxilio. Lamentablemente, ahí no acabaría su calvario, porque tendría que enfrentarse a un sistema judicial que parece odiar a las mujeres. Por eso mismo su caso está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos esperando una resolución favorable a las mujeres víctimas de violencia machista en Venezuela, en donde el principal responsable de esta violencia es el Estado.

El 27 de marzo de 2001 empezó la tragedia de Linda. Ese día un desconocido la retuvo por cuatro meses, esos meses le dejaron traumatismos craneoencefálicos, hematomas en los párpados con desvío del ojo derecho, triple fractura de mandíbula, deformidad en los labios, fractura de costillas, estigma por quemaduras en la piel, pabellón de las orejas destruido, mordeduras en las mamas, desgarramientos de la matriz y de un ovario, lesión tumoral del páncreas, desnutrición severa y graves alteraciones psíquicas. Linda fue violada diariamente, quemada y golpeada con palos, tortura que le destrozó el rostro y el cuerpo, por los que estuvo hospitalizada un año y fue sometida a 15 cirugías, entre ellas a reconstrucciones de la vagina, la oreja, la nariz y la mandíbula.

Ana, su hermana, en ese entonces con 19 años, vivió sus propias violencias. Seis veces intentó poner la denuncia de la desaparición de su hermana y las seis veces la ignoraron con cualquier excusa, incluso la fiscal que llevaba el caso intentó que negociaran con el abusador para llegar a un acuerdo económico. Estos intentos de denuncia eran avisados al agresor por parte de la propia policía, lo que originaba que Linda recibiera peores palizas en venganza.

El 19 de julio de 2001, el día de su rescate, pasaría a ser torturada por el sistema policial, de salud y de justicia de su país, los cuales la revictimizaron constantemente, tanto que tuvo que estudiar Derecho para encontrar justicia por sus propios medios. Seis años duró el juicio contra su torturador, del 2001 al 2007 trajinó por diversos tribunales y juzgados buscando justicia. En 2004, el Tribunal 20 de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Rosa Cádiz, absolvió a Carrera. Un año antes Linda había realizado una huelga de hambre que duró 13 días para que Carrera no quedara libre, ya que dos años sin juicio le otorgaban ese beneficio. Un año después, lo veía libre gracias a la falta de diligencia de la jueza, obligada por la Corte de Apelaciones a seguir en el juicio del que había intentado inhibirse.

En medio del juicio, a ella se la vilipendió de todas las maneras posibles debido a su género, incluso la jueza la denunció a ella junto a su familia por integrar una red de prostitución, el principal argumento de la defensa del agresor para quedar libre: que ella era una prostituta que se lo había buscado y no merecía nada más que repudio y más violencia. Nadie la defendía, ni el propio defensor del Pueblo.

 

En 2010, Carrera fue sentenciado por privación de la libertad y lesiones a 7 años de cárcel. Hoy está libre.

17 años después de esa experiencia, su caso se convierte en el primero de una venezolana en la Corte. En la audiencia programada para el 6 de febrero en Costa Rica, Linda se quebró al volver a relatar todo lo que sufrió frente a los magistrados que pueden hacerle justicia por fin, el único ente que puede responsabilizar al Estado de Venezuela de violación de derechos humanos, negligencia, abandono, indiferencia y falta de diligencia, y que puede reparar, aunque sea un poco, lo que le tocó vivir.

“Soy reflejo de la violencia física, sexual y psicológica que enfrentamos las mujeres. El Estado garantizó la impunidad, no mis derechos”, declaró López a la Corte IDH.