No es nada nuevo señalar que en esta crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19 ha quedado en evidencia, para quienes sorprendentemente aún no la tenían clara, que la salud es un derecho fundamental al que toda persona debe tener acceso para su disfrute y goce sin discriminación alguna. Ha quedado muy presente en el sentir de cada persona que la salud es sumamente importante y va conexa con la propia existencia de cada uno/a y que es impensable gozar del propio derecho a la vida si es que la salud no está garantizada. Es por esa razón que desde el derecho y el ordenamiento jurídico de los Estados se cautela que derechos tan esenciales como este sean garantizados a todas las personas de manera integral.
El sistema público de salud ha colapsado como consecuencia del desinterés en una adecuada inversión de varios gobiernos atrás, el presupuesto público asignado ha sido mezquino para su mejora en calidad y abastecimiento, por intereses diversos, lo que ahora nos explota en la cara y coloca al Perú como uno de los países más golpeados por el Covid-19 a nivel mundial. Se ha hablado mucho del crecimiento económico del Perú, pero también se ha limitado mucho cuando se cuestionaba que ese crecimiento no iba de la mano con un desarrollo humano sostenible. Hemos vivido en pequeñas burbujas de realidad paralelas, construyendo una sociedad en cimientos de naipes en donde un porcentaje pequeño de la población accede con naturalidad al disfrute de derechos que para las demás personas son sueños inalcanzables, se ha sobrevivido como se ha podido, pero ahora ni eso es posible.
Los memes sobre las citas tardías en atención médica en establecimientos públicos ya no dan risa y hoy queda claro que permitir la focalización del desarrollo de la infraestructura en salud en el sector privado, golpea a miles de peruanos y peruanas y genera una profunda discriminación en el acceso al derecho a la salud.
Hay quienes piensan que promover una atención en salud con equidad y justicia es un acto terrorista, subversivo o situación similar y no solo están equivocados, sino que su pensamiento y conducta denotan miseria humana, pues desde sus esferas de privilegios no son capaces de entender que ese derecho que gozan con naturalidad es inalcanzable para la mayoría de la población y que todos y todas merecen disfrutarlo. Hace poco, Rosa María Palacios emitió un comentario indignante, en donde en su estrechez mental atribuye la atención en salud en establecimientos privados como gustos, como si se tratara de un antojo el que las personas, en un acto de desesperación en plena crisis, decidan ir a una clínica privada en lugar de un hospital público ante su evidente saturación.
No es justo un endeudamiento de por vida para salvar la vida, no es justo que una enfermedad mortal como esta golpee con discriminación y se salven no solo quienes se cuidaron, sino quienes tienen recursos económicos privilegiados para pagar la atención. No es justo que una persona que dentro de su pobreza haciendo todo lo mejor que pudo para sobrellevar la cuarentena muera por no tener ni siquiera la posibilidad de endeudarse en una clínica particular. No es justo que los derechos sean de quienes pueden pagarlos.
Es claro que el modelo jurídico constitucional actual no permite el control de precios cuando se trata de bienes y servicios comercializados, pero en este caso ha de quedar claro que no estamos ante un servicio, estamos ante un derecho y ningún modelo constitucional suele ser diseñado dando la espalda a los derechos fundamentales, como lo es la salud. En ese sentido, no se trata de un acto banal en donde nos parece caro un celular, un carro o algo similar, sino que se trata de acceder a una atención en donde nuestra vida está en riesgo.
Sobre esto, el artículo 58° de nuestra Constitución Política del Perú señala que, si bien la iniciativa privada es libre, esta se ejerce en una economía social de mercado, y esto implica que el Estado sí tiene un poder de vigilancia, el cual tiene un mayor ahínco cuando de derechos se trata. En consecuencia, el Estado no solo tiene el derecho de intervenir ante esta conducta abusiva y leonina que vemos en las clínicas que lucran con la salud en un momento de crisis humanitaria, sino que tiene la obligación de intervenir, en tanto se está produciendo un atentado a los intereses sociales legítimos reconocidos en la misma Constitución, como lo es el reconocimiento al derecho de la salud.
Esa palabrita “social” seguro les saca ronchas a quienes lucran sin ética alguna, pues esta denominación de nuestro modelo económico encierra en sí misma ese respaldo para que el Estado pueda cautelar y ser partícipe del control de la actividad económica privada, cuando se ven afectados los derechos de las personas. Bien se puede concertar con las clínicas como mecanismos de solución ante la evidente conducta mercantilista y fría de estas, pero también se podría intervenir en la propia actividad ante la actitud indolente de las mismas, no siendo esto ilegal en absoluto.
No es posible permitir que las clínicas privadas lucren sin cesar de la forma abusiva como lo vienen haciendo, considerando además que han realizado cobros irregulares e indebidos por pruebas del Covid-19 que eran analizadas de manera gratuita por el Instituto Nacional de Salud y pese a ello fueron ampliamente beneficiados con préstamos otorgados por el gobierno. Esta situación es indignante y dolorosa para nuestro país, pero además es una conducta mercantil nefasta que altera y genera una inestabilidad al desarrollo de la democracia y fortalecimiento de derechos, por lo cual resulta intolerable. El Estado debe intervenir al amparo del mandato constitucional.
Nos queda ya no solo la reflexión sobre las diversas situaciones de injusticia que percibimos, sino la autoconvocatoria a la acción, vivimos en una crisis humana de terror, con lo cual nos queda pensar que, si no es ahora, entonces cuándo. Como ciudadanos y ciudadanas tenemos la obligación moral de ser más partícipes del desarrollo de la democracia, por lo que pedirle al Estado con total énfasis que actúe conforme a las competencias que tiene, en aras de salvaguardar la salud y las vidas que en este momento se encuentran más expuestas que nunca es un mandato moral.
Pedir que se regule de manera más contundente el acceso al derecho a la salud en establecimientos públicos y privados como mecanismo de garantía al respaldo de los derechos humanos en un contexto crítico como el actual no es un acto descabellado, es un acto, además de legal, de sensatez y dignidad de parte nuestra.
Que no les mientan señalando que eso no es posible jurídicamente hablando porque sí lo es, que no les mientan con el discurso de que el que es pobre es pobre porque quiere y que si quieres mejor calidad de salud entonces paga por ese gusto. Que no les mientan más.
