Nueve días de protesta y nuevos enfrentamientos entre la provincia de Espinar y la Policía son el desenlace de una lucha que comenzó hace tres meses por un pedido legítimo: bono humanitario para enfrentar la pandemia.
Con una prensa peruana —muy limeña— que aplaude la extracción minera, y que gustosamente difunde los comunicados emitidos por la empresa privada y por una PCM que apoya casi sin reparo los intereses mineros, es necesario saber qué dicen los ciudadanos y ciudadanas de Cusco.
Si bien las protestas en Espinar empezaron hace nueve días, el tan exigido diálogo se había venido desarrollando desde el 14 de mayo. Desde ese momento ciudadanos y ciudadanas de la provincia pedían el bono humanitario, pues no podían trabajar por cumplir con las medidas impuestas por el gobierno para enfrentar la pandemia, mientras veían como las actividades extractivas no se detenían.
“No le estamos pidiendo dinero a la empresa”
Vidal Merma, de la Asociación de Pueblos Jóvenes de Espinar, ha manifestado en reiteradas oportunidades que las mesas de diálogo se han realizado de manera transparente. El pedido al Comité era simple: un bono humanitario de mil soles para cada espinaerense y así enfrentar la crisis sanitaria, alimentaria y económica que atraviesan. Entre organizaciones, federaciones, sindicatos, juntas vecinales y rondas campesinas decidieron repartir unos 50 millones de soles del Convenio Marco.
Según Merma, la posición de Glencore, dirigida por Guillermo Freire Mantero, ha sido intolerante en el mencionado Convenio Marco, que también preside, y que ha venido manejando a su antojo desde el 2003; Antapaccay le ha dicho no al pedido de Espinar y ha querido imponer un proyecto de reactivación pero con fondos del mismo Convenio (86 millones de soles), cuando la minera solo es parte de todo el comité.
Si no hay solución…
La última reunión sucedió el 14 de julio, allí participaron representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Gobierno Regional de Cusco, entre otras autoridades locales e integrantes del Comité de Gestión del Convenio Marco.
Curiosamente —por decirlo inocentemente— ese mismo día también llegó un generoso número de policías y militares que mantuvieron bloqueado el acceso a la plaza de armas. Durante esa madrugada ingresaron tres buses más repletos de agentes policiales.
Como sabemos, el estado de emergencia nacional vigente en el país prohíbe las reuniones y protestas. Las defensoras y defensores de Espinar sabían que sus derechos serían vulnerados, pero eso no los silenció. Ahora tienen a Oscar Vicente (17 años), José Amilcar (16 años) y Wilber Hiyachoque (26 años) internados en el hospital de la provincia con heridas y no se sabe la cantidad exacta de detenidos por la Policía.
En medio de los enfrentamientos, la prensa capitalina ha dado espacio a la empresa minera para que aparezca como la que llama a la calma, “que cese de la violencia del pueblo”. No han considerado la indignación de las diferentes comunidades que ha rebasado toda exhortación de sus líderes que tampoco avalan actos violentos entre compatriotas. Para los distritos cusqueños ahora el problema es de todos.
Espinar todavía siente la cicatriz del conflicto del 2012: más de veinte ciudadanos fueron detenidos y tres de ellos llevan hoy ocho años procesados por reclamar sus derechos y cuya protesta fue —y es— estigmatizada y criminalizada al punto que, luego de dicho conflicto, se creó el Frente Policial de Espinar que vigila que no haya problemas cuando pasen transportando minerales los más de 600 vehículos de las empresas Glencore, Hudbay y MMG. Empresa buena, pueblo malo.
Encima el COVID-19
La promesa de mejoras económicas y sociales para Espinar con las que llegó la empresa minera aún se siguen esperando. Las comunidades han invitado a cualquier medio de comunicación a visitarlos y compruebe cuán real ha sido el avance de la provincia.
Por el contrario, ante los casos de afectados y afectadas por metales pesados en el cuerpo se viene pidiendo atención urgente desde hace años. El corredor minero ha dañado considerablemente el ambiente de comunidades campesinas. Con todo esto, resulta muy extraño que el Ministerio Público o el Poder Judicial no encuentren algún acto de corrupción, siquiera sospechoso.
El Poder Ejecutivo quiso pensar que sus reglas planteadas iban a ser respetadas por la empresa cuando emitió aquel 15 de mayo el DS 044-2020. Allí reafirmaba el aislamiento social obligatorio, la famosa cuarentena, pero permitía que las actividades extractivas continúen en todo el país. El resultado fue 48 casos positivos de coronavirus en el proyecto Antapaccay de Glencore.
Sé lo que (no) hiciste
En una suerte de Muñoz (alcalde de Lima) defendiendo los intereses de la concesión del Metropolitano, Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), no pudo contener su silencio y dejó clara su posición frente a los pedidos de Espinar.
Para él, los recursos económicos le pertenecen a la minera y no se pueden —no se deberían— repartir entre los 50 mil espinaerenses. Qué locura. Si ya han recibido 460 millones de soles en 10 años del canon y regalías. Allá el gobierno regional que solo ha ejecutado el 65 % de ese presupuesto, pues.
Y siguió. Literal. “Es decir, no se trata de un problema de falta de recursos, sino de falta de capacidad para el cierre de brechas sociales en la zona”. O sea, la empresa ya cumplió —si es que verdaderamente cumplió— pero la culpa es del pueblo por torpe.
Para conocer mejor a De la Flor, es necesario recordar que entre el 5 de mayo y el 27 de octubre del 2017 estuvo a la cabeza de la rimbombante Reconstrucción de la costa norte del país tras el Fenómeno del Niño.
Los resultados hasta hoy se siguen buscando en medio de lo que según él mismo catalogó como “incapacidades de gobiernos regionales”, refiriéndose a La Libertad y Piura, esta última con 10,508 damnificados que estuvieron en 2,261 carpas distribuidas en 34 campamentos por el colapso del río Piura.
Volviendo al Cusco. Por si fuera poco, se supo que hay un nuevo proyecto de Glencore llamado Corcohuayco, que es como una tercera ampliación de la minera que está en proceso. Claro, si se tiene un ministro como Rafael Belaunde Llosa en la cartera de Energía y Minas, es mucha la confianza en que todo les salga a pedir de boca.
(Imagen de cabecera: pulsoregional.pe / Edición: Mano Alzada)
(Fuentes: Red Muqui / Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF)
